Peinado informa que la relación de Begoña Gómez con el presidente es "la causa fundamental" para imputar a su esposa por tráfico de influencias

El juez Peinado ha informado que la relación de Begoña Gómez con el presidente del Gobierno es "la causa fundamental" para imputar a su esposa por tráfico de influencias. Así consta en un auto al que ha tenido acceso laSexta, en el que el magistrado comunica que la pieza principal de la causa contra Begoña Gómez se va a tramitar por la Ley del Jurado.

Para el magistrado, "las acciones llevadas a cabo, por la inicial investigada, Begoña Gómez, derivada de su relación de parentesco, con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias".

De la misma manera, indica que, sin ese vínculo, con Pedro Sánchez en la Moncloa, "difícilmente" podría Begoña Gómez y los otros dos investigados, "poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido, ya consideradas, indiciariamente, como constitutivas de elementos" como apropiación indebida, intrusismo y corrupción en el sector privado.

Para Peinado es "clara la necesidad de ese posible enjuiciamiento conjunto, que lleva a la inexorable conclusión de que han de ser considerados delitos conexos, y que, en caso de enjuiciamiento por separado, nos llevaría a la ruptura de la continencia de la causa".

La pieza principal también se juzgará ante un jurado popular

Este mismo jueves el magistrado ha informado a Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez que la pieza principal de la causa en la que les investiga también se juzgará ante un jurado popular.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado atribuye a los tres encausados delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

El juez Peinado vuelve a recurrir así a la fórmula del jurado popular que ya utilizó hace apenas una semana para proponer juzgar a la esposa del presidente del Gobierno, Álvarez, y el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acusados de un delito de malversación de caudales públicos. De estos cuatro delitos, el único que se juzga por la Ley del Jurado es el de tráfico de influencias.

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