Jueces de violencia de género alertan del inminente "colapso anunciado" al asumir sus nuevas competencias en delitos sexuales

A partir de este 3 de octubre, los juzgados de violencia de género asumirán la competencia sobre todos los delitos sexuales contra la mujer, más allá de los cometidos en el ámbito de la pareja o la expareja. Así, recaerán en ellos también la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados y la mutilación genital. Y los magistrados, que ya llevan tiempo advirtiéndolo, insisten en que no van a dar abasto: el viernes, dicen, llega el "anunciado y más que previsible colapso" a sus juzgados.

Así lo reiteran en un comunicado firmado por 123 jueces y juezas de violencia de género, en el que recuerdan que ya avisaron hace meses de las "nefastas consecuencias" que esto tendrá en unos órganos judiciales de por sí "sobrecargados desde hace años", a los que "se les han ido otorgando nuevas competencias, sin que ello haya ido acompañado de un aumento del número de jueces".

Además, y aunque el Ministerio de Justicia anunció que se aumentaría en un 50% el número de jueces especializados y se dotaría de recursos, los firmantes denuncian que "la realidad es muy distinta": aseguran que no se han creado las plazas prometidas y "ni siquiera se ha dotado a los juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan". Esos supuestos refuerzos, dicen, se van a limitar a "nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula".

Asimismo, denuncian que "en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas" y que tampoco se han aumentado los servicios auxiliares para llevar a cabo su labor, dotándoles de más forenses y personal en los órganos judiciales, las oficinas de atención a las víctimas y el servicio de asistencia jurídica.

Así las cosas, los magistrados, que aluden también a la polémica de los "problemas técnicos" con las pulseras telemáticas para agresores, afirman que, aunque intentarán asegurar el buen trato y la protección de las víctimas, no podrán con todo: "La realidad es que esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente", lamentan. E insisten en que ya lo han advertido.

¿Qué dice Justicia?

Hasta ahora, los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer se encargaban solo de los delitos sexuales perpetrados por la pareja o expareja de la víctima. Según defienden desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el objetivo de incorporar ahora también los que se cometen fuera de este ámbito es "garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas" y "cumplir con el Convenio de Estambul".

De esta forma, según argumentaban en un comunicado difundido el lunes, "todos los delitos con un componente de género evidente serán investigados por jueces que habrán recibido una formación específica en materia de igualdad, con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y evitar cualquier revictimización. Así, se logrará una Justicia más humana, cercana y con enfoque de género".

Según precisan fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños, los juzgados especializados verán de los nuevos casos que se produzcan desde el 3 de octubre, mientras que los que ya estaban en tramitación continuarán en los juzgados de instrucción. El Ministerio habla de un incremento "paulatino" de su carga de trabajo, que cifra en el 12,9% citando datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Para hacerle frente, recuerda, el Gobierno aprobó la creación de 50 plazas judiciales -un incremento de la plantilla del 42%, precisa-, así como 42 plazas de fiscales, si bien "su incorporación será progresiva".

En concreto, según la nota de Justicia, de esas 50 nuevas plazas de jueces, ocho entran en funcionamiento en octubre en Ayamonte y Marbella (Andalucía); Arona (Canarias); L’Hospitalet de Llobregat (Cataluña); Llíria y Vila-Real (Comunitat Valenciana); Manacor (Baleares) y Arganda del Rey (Madrid); mientras que las 42 restantes entrarán en funcionamiento en diciembre cuando se creen los correspondientes Tribunales de Instancia.

Entretanto, añade, se dotará de refuerzos temporales a todos los juzgados o secciones que lo requieran, a través de jueces sustitutos o en comisión de servicio. "Hemos recibido 13 solicitudes y ya se han autorizado", precisan desde el Ministerio, que recuerda que es el responsable de la creación y dotación presupuestaria de una nueva plaza y el CGPJ de la convocatoria para su ocupación. En el caso de refuerzos temporales, apunta, son los Tribunales Superiores de Justicia quienes inician el procedimiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.