El Gobierno Vasco ha anunciado este domingo un próximo recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Acción Exterior porque, según argumenta, cercena "gravemente" las competencias vascas en materia de acción exterior reconocidas en el Estatuto de Gernika. Esta ley fue aprobada el pasado 13 de marzo por el Congreso de los Diputados con los votos del PP.
En un comunicado remitido por el Departamento vasco de Administración Pública y de Justicia que dirige Josu Erkoreka, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu considera "inadmisible" e "injustificable" el "control político" que el Gobierno español quiere ejercer sobre la acción exterior de Euskadi. Antes de interponer el recurso en el Tribunal Constitucional, el Gobierno Vasco propondrá al Ejecutivo de Mariano Rajoy abrir una negociación sobre los artículos en discordia. Si no hay acuerdo, su intención es recurrir al Tribunal Constitucional varios preceptos de la citada ley porque, a juicio del Gobierno Vasco, es "unificadora" y "controladora" hasta el punto de pretender "cercenar gravemente las competencias vascas en materia de acción exterior".
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu rechaza el control del Gobierno español sobre la capacidad de decisión que tienen las comunidades autónomas para abrir las oficinas que deseen en el exterior. La ley española, establece, entre otras, la obligación de comunicar al Ministerio de Asuntos Exteriores la intención de apertura de oficinas en el exterior para que éstas sean revisadas y valoradas por parte de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y, en su caso, del de Economía y Competitividad, ha recordado el Departamento vasco de Administración Pública y Justicia.
Además, el Gobierno Vasco asegura que es inconstitucional que la norma estatal pretenda limitar las acciones de las comunidades autónomas en el exterior que no estén incluidas en la Estrategia de Acción Exterior aprobada por el Gobierno español. Esta ley, añade, "obvia la capacidad de Euskadi para actuar en materia de proyección internacional". De manera previa a la interposición del recurso, el Ejecutivo autonómico propondrá en la comisión bilateral entre el País Vasco y el Estado que se negocien durante seis meses aquellos artículos de la ley que "invaden competencias" de Euskadi.