El Gobierno central ha requerido a la Comunidad de Madrid a solventar las "discrepancias" que ha apreciado en la modificación de la ley trans aprobada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en diciembre de 2023, para intentar evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Como han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Política Territorial, el fondo del asunto lo lleva Igualdad, pero el departamento que dirige Ángel Víctor Torres es el encargado de instar en este caso a la Comunidad de Madrid a iniciar negociaciones previas a través de la Comisión Bilateral entre ambas administraciones -probablemente este mismo mes- por la vía prevista en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El plazo para las negociaciones previas es de seis meses y en el caso de no haber acuerdo se interpondría un recurso de inconstitucionalidad, según las fuentes, que confirman lo adelantado este martes por el diario 'Público'.
Los motivos de discrepancia que encuentra el Gobierno central respecto a la modificación de la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual comienzan porque, a su juicio, "patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico".
La Comunidad tratará de impedir "un nuevo ataque"
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha asegurado que tratará de impedir "un nuevo ataque" del Gobierno al Ejecutivo de Díaz Ayuso y evitar un eventual recurso ante el Constitucional contra las leyes Lgtbi y Trans autonómicas aprobadas en diciembre 2023, las cuales "siguen las recomendaciones de sociedades médicas, grupos de feministas y juristas".
Así lo trasladarán en la Comisión Bilateral de Cooperación con el Gobierno, tras el requerimiento del Ejecutivo central para solventar las "discrepancias" que han apreciado en la modificación de la ley trans e intentar evitar ese recurso ante el Tribunal Constitucional.
Fuentes del Ejecutivo regional han subrayado a EFE que la Comunidad de Madrid defenderá en esa reunión la "legalidad y adecuación al marco constitucional" de las leyes autonómicas, en relación a las cuestiones sobre las que el Gobierno ve las discrepancias.
Según el Gobierno, la modificación de la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual de la Comunidad de Madrid, entre otros aspectos, "patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico", y "traslada la idea de que la transexualidad en personas menores constituye una patología".
Argumentos de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha argumentado que la reforma de ambas leyes "sigue las recomendaciones de las sociedades médicas, de grupos feministas y de juristas", que reclamaban "rectificar aspectos que ponían en peligro la seguridad jurídica y los derechos de las mujeres, el derecho a la salud y el trabajo de los profesionales sanitarios, la libertad de expresión y de cátedra, la pluralidad dentro de las personas LGTBI y la protección de la infancia".
Además, han remarcado, el informe del Ministerio de Política Territorial "no dice nada de los supuestos recortes en los derechos LGTBI que algunos grupos políticos salieron a denunciar en tromba cuando se aprobaron ambas reformas".
Tampoco cuestiona, según el Ejecutivo autonómico, "nada sobre los cambios introducidos a propósito de la supresión de apartados como el de la inversión de la carga de la prueba o la discriminación por error", uno de los argumentos del Gobierno de Ayuso para reformar la normativa autonómica.