El Gobierno ha dado ya la orden de anular las multas que se impusieron por saltarse el confinamiento durante el primer estado de alarma. Unas multas que según los datos del Ministerio del Interior alcanzaron 1.142.127 sanciones en toda España, que oscilaban entre los 100 y los 600.000 euros (suponen unos 115 millones de euros) y que, en los casos de reiteración, llegaron a provocar condenas por un delito de desobediencia.

Según las fuentes consultadas por laSexta, en estos momentos se está trabajando en el modelo de devolución, ya que al intervenir tres ministerios (Hacienda, Interior y Política Territorial), es complejo.

Un trabajo de gestión que delegaciones y subdelegaciones del Gobierno deben poner en marcha en cada territorio. Procedimientos masivos para revocar los expedientes administrativos aún abiertos y anular las sanciones. Todo tras una avalancha de reclamaciones derivadas de la resolución del nulidad del Constitucional.

El pasado mes de julio el Constitucional declaró estas restricciones contrarias al espíritu de la Carta Magna. Así, el Pleno del Tribunal tumbaba los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7 del Real Decreto, que impusieron restricciones a la movilidad de las personas en el primer estado de alarma. Estos apartados contemplaban las excepciones para la libre circulación en "vías o espacios de uso público" para una serie de actividades muy delimitadas, como hacer la compra de alimentos y productos de primera necesidad, acudir al médico, desplazarse al trabajo o el cuidado de mayores, menores y dependiente. También se permitía la circulación de vehículos particulares por las vías públicas solo para repostaje.

En principio, la nulidad de estas multas sólo afectaría a las sanciones en tramitación, excluyéndose todas las que hayan adquirido firmeza o no hayan sido recurridas en el plazo establecido.

Sin embargo, desde el Gobierno han asegurado a laSexta que Agencia Tributaria, Delegación de Economía, el Tesoro y Política Territorial, junto con los equipos informáticos, están trabajando para la devolución de las cantidades pagadas por la ciudadanía durante el primer estado de alarma.

Así, se devolverá el dinero a los ciudadanos de oficio, requiriéndose previamente que identifiquen el número de cuenta bancaria.