Se resisten a hacerlo

El Gobierno de Ayuso delega en sus servicios jurídicos la decisión de crear el registro de objetores al aborto

¿Qué han dicho? Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que el registro "no sirve para nada" y que solo se pretende "señalar a determinados médicos".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García MartínEl consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García MartínEuropa Press
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso deja en manos de sus servicios jurídicos la decisión de crear -o no- el registro de objetores al aborto. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, asegura que el equipo jurídico de la región "lo está estudiando": "Cuando tengamos algo que decir al respecto, lo vamos a hacer".

No obstante, ha criticado con dureza un registro que "no sirve para nada", según García, ya que "lo único que pretende es señalar a determinados médicos". Cabe recordar que la Ley del Aborto indica que el listado de objetores no es público.

"Hemos dicho que no vamos a hacer registros ni que señalen, igual que no señalamos a mujeres por abortar o por no hacerlo, tampoco queremos señalar a médicos por querer practicar un aborto o por no hacerlo", asegura el portavoz. García Martín cree que el tema del aborto está "absolutamente superado".

El portavoz ha vuelto a mentar a los servicios jurídicos y a ese requerimiento del Gobierno central a que Ayuso cumpla la ley: "Tendremos que ver las condiciones que están establecidas en ese registro e insisto en defender la capacidad de organización de un gobierno regional que tiene las competencias en materia sanitaria. El requerimiento se produjo ayer y lo están estudiando los servicios jurídicos".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que su Gobierno requeriría que "la Comunidad de Madrid cumpla con la ley". De lo contrario, advirtió, el Ejecutivo recurrirá. "Me gustaría que un partido de Estado como es el PP le exija a la Comunidad de Madrid cumplir con la ley", trasladó.

El Gobierno central instó la semana pasada a Madrid y otras tres comunidades autónomas que aún no tienen implementado el registro de objetores a ponerlo en marcha. De ellas, según el Ejecutivo, Asturias sí ha dicho que lo cumplirá y ahora deben contestar las otras tres comunidades.