Ante las trabas del PP
El Gobierno aprueba hoy el último paso para iniciar el reparto de menores: "Las comunidades del PP no se pueden negar"
El contexto El decreto regulará cuántos menores debe acoger cada comunidad autónoma. Aquellas donde gobierna el PP vienen rechazando la medida.

Resumen IA supervisado
El Gobierno aprobará un decreto para repartir menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, obligadas por ley a acogerlos. El ministro Ángel Víctor Torres critica al PP por no asistir a reuniones y obstaculizar el proceso, acusándolos de dañar al Gobierno y a territorios con alta presión migratoria. Torres defiende el decreto como un acto justo y solidario, y enfatiza que las comunidades no pueden negarse a acoger menores, recalcando que el esfuerzo de acogida previo influirá en el número de plazas asignadas.
* Resumen supervisado por periodistas.
El Gobierno tiene previsto aprobar este martes el último decreto para poner en marcha el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Y estas, según ha incidido el ministro Ángel Víctor Torres, están obligadas por ley a asumir la acogida. Así lo ha recalcado en las últimas horas en una entrevista en la 'Cadena SER', donde ha aseverado que "no se pueden negar" y ha reprochado las trabasque vienen poniendo los líderes autonómicos del PP, al punto de no presentarse a las reuniones.
"Los hemos convocado y no van", ha denunciado el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, que ha criticado que el primer partido de la oposición "no ha tenido criterio de Estado", sino que ha buscado "dañar al Gobierno de España" e incluso a territorios "donde ellos gobiernan" y que enfrentan mayor presión migratoria. Así, ha tachado de "humillación" y "puñalada por la espalda" al PP de Canarias que su propio partido pretenda impedir el traslado de menores a otras regiones.
"No quieren que salgan los menores de Canarias. ¿Quiénes? El PP y las comunidades del PP", ha sentenciado. No obstante, Torres ha defendido que, con el decreto que se aprobará este martes -"el último paso", ha dicho- se comenzará con algo "justo", "solidario" y "que respeta los derechos humanos" de unos menores "que no pueden estar hacinados en los territorios frontera". Y el PP "tendrá que explicar dónde está la defensa de los derechos humanos votando en contra", ha advertido.
A la pregunta de si hay un plan B para llevar a cabo los traslados sin la colaboración de las autonomías gobernadas por los 'populares', el ministro Torres ha sentenciado que solo cabe "aplicar la ley". "Las comunidades del PP no se pueden negar", ha insistido. "Espacios hay indudablemente. Si hay 4.000 menores en Canarias con dos millones de habitantes y ocho islas fragmentadas, o tenemos cientos de menores en Ceuta y Melilla, ¿quién va a afirmar que no hay en Madrid o Barcelona?", ha argumentado.
Torres ha recordado que el esfuerzo de acogida que ya se ha realizado es uno de los criterios para fijar el número de plazas que debe tener cada comunidad para acoger a estos menores. "Hay comunidades que han hecho un esfuerzo mayor que otras", ha destacado el ministro, citando el caso de Cataluña, Canarias, Euskadi y Ceuta. "Si tú has hecho un menor esfuerzo, tendrás que poner más que otros que ya lo han hecho", ha resumido.
En cualquier caso, Torres ha insistido en que las comunidades "no se pueden negar" a acoger a los menores porque "sería incumplir la legislación". "¿Cuándo eran ucranianos se negaban? ¿Por qué lo hacen cuando son africanos? Esa es la pregunta que hay que hacer. Tienen 16 años igual", ha deslizado el ministro, que reprocha que ahora se pidan licencias que nunca se solicitaron para los refugiados que huían de la invasión rusa, como ha ocurrido con el centro de acogida de Pozuelo de Alarcón.
El decreto que el Consejo de Ministros aprobará hoy fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad para cumplir el ratio de 32 menores acogidos por cada 100.000 habitantes. Es el último decreto de cara a aplicar el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que se derivará a unos 3.000 menores desde las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
A su vez, esta semana también se aprobará la situación de contingencia migratoria de los territorios cuya ocupación triplique su capacidad ordinaria de acogida y de los que saldrán los menores, como Canarias y Ceuta. Este mecanismo implica además que los menores que lleguen a partir de septiembre a estas zonas deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.