El Gobierno aprueba el último paso para iniciar el reparto de menores: "Las comunidades del PP no se pueden negar"

El Gobierno ha aprobado este martes el último decreto para poner en marcha el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Y estas, según ha incidido el ministro Ángel Víctor Torres, están obligadas por ley a asumir la acogida. Así lo ha recalcado en una entrevista en la 'Cadena SER', donde ha aseverado que "no se pueden negar" y ha reprochado las trabasque vienen poniendo los líderes autonómicos del PP, al punto de no presentarse a las reuniones.

"Los hemos convocado y no van", ha denunciado el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, que ha criticado que el primer partido de la oposición "no ha tenido criterio de Estado", sino que ha buscado "dañar al Gobierno de España" e incluso a territorios "donde ellos gobiernan" y que enfrentan mayor presión migratoria. Así, ha tachado de "humillación" y "puñalada por la espalda" al PP de Canarias que su propio partido pretenda impedir el traslado de menores a otras regiones.

"No quieren que salgan los menores de Canarias. ¿Quiénes? El PP y las comunidades del PP", ha sentenciado. No obstante, Torres ha defendido que, con el decreto aprobado ahora -"el último paso", ha dicho- se comenzará con algo "justo", "solidario" y "que respeta los derechos humanos" de unos menores "que no pueden estar hacinados en los territorios frontera". Y el PP "tendrá que explicar dónde está la defensa de los derechos humanos votando en contra", ha advertido.

A la pregunta de si hay un plan B para llevar a cabo los traslados sin la colaboración de las autonomías gobernadas por los 'populares', el ministro Torres ha sentenciado que solo cabe "aplicar la ley". "Las comunidades del PP no se pueden negar", ha insistido. "Espacios hay indudablemente. Si hay 4.000 menores en Canarias con dos millones de habitantes y ocho islas fragmentadas, o tenemos cientos de menores en Ceuta y Melilla, ¿quién va a afirmar que no hay en Madrid o Barcelona?", ha argumentado.

Torres ha recordado que el esfuerzo de acogida que ya se ha realizado es uno de los criterios para fijar el número de plazas que debe tener cada comunidad para acoger a estos menores. "Hay comunidades que han hecho un esfuerzo mayor que otras", ha destacado el ministro, citando el caso de Cataluña, Canarias, Euskadi y Ceuta. "Si tú has hecho un menor esfuerzo, tendrás que poner más que otros que ya lo han hecho", ha resumido.

En cualquier caso, Torres ha insistido en que las comunidades "no se pueden negar" a acoger a los menores porque "sería incumplir la legislación". "¿Cuándo eran ucranianos se negaban? ¿Por qué lo hacen cuando son africanos? Esa es la pregunta que hay que hacer. Tienen 16 años igual", ha deslizado el ministro, que reprocha que ahora se pidan licencias que nunca se solicitaron para los refugiados que huían de la invasión rusa, como ha ocurrido con el centro de acogida de Pozuelo de Alarcón.

El decreto fija las plazas de cada CCAA

El decreto que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad para cumplir el ratio de 32,6 plazas de acogida por cada 100.000 habitantes. Las comunidades que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, lo que activará el protocolo de traslados.

Conforme al criterio fijado por el Gobierno, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías acogen actualmente a menos menores de lo que les correspondería. Esta es la capacidad de acogida ordinaria -plazas- que, según el decreto, debe tener cada comunidad:

• Andalucía: 2.827
• Aragón: 441
• Asturias: 331
• Baleares: 406
• Canarias: 737
• Cantabria: 194
• Castilla y León: 783
• Castilla-La Mancha: 692
• Cataluña: 2.650
• Comunitat Valenciana: 1.767
• Extremadura: 344
• Galicia: 886
• Madrid: 2.325
• Murcia: 517
• Navarra: 223
• Euskadi: 731
• La Rioja: 107
• Ceuta: 27
• Melilla: 28

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha anunciado la aprobación del decreto en rueda de prensa y ha destacado que es un "paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante". "Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria", ha defendido.

Con la entrada en vigor de este decreto arrancará el mecanismo de solidaridad obligatoria reclamado por Canarias, por el que se derivará a unos 3.000 menores desde las zonas más tensionadas, como el archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el 'no' del PP. Este procedimiento implica además que los menores que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.