bajo la lupa judicial
Los frentes que Ábalos aún tiene abiertos con la Justicia más allá de su sentencia en el caso mascarillas
Los detalles Tanto el exministro como Koldo afrontan la investigación por el presunto amaño de obra pública donde figura igualmente Cerdán, al que los investigadores sitúan como presunto cabecilla de la trama.
Resumen IA supervisado
La condena a 24 años de prisión para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por el caso mascarillas es solo el inicio de un complejo entramado judicial. Además de las mascarillas, se investiga el presunto amaño de obra pública, donde también están implicados su exasesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La investigación, que comenzó en el Supremo, ahora sigue en la Audiencia Nacional. Paralelamente, se investiga el uso de dinero en efectivo por parte del PSOE, con sospechas de irregularidades durante la gestión de Ábalos y Cerdán. En el caso hidrocarburos, el juez rechazó imputar a Ábalos, mientras que en el caso Leire Díez, se investigan reuniones para controlar su defensa y comunicación.
* Resumen supervisado por periodistas.
La condena de este lunes contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión dentro del conocido como caso mascarillas es la primera resolución judicial de una trama que todavía tiene varios frentes abiertos. Más allá de las mascarillas, el juez sigue investigando las presuntas mordidas en contratos del Ministerio de Transportes durante la etapa en la que Ábalos todavía era ministro con adjudicaciones de obra pública y posibles comisiones que siguen bajo la lupa judicial.
Presunto amaño de obra pública
Tanto Ábalos como su exasesor Koldo García afrontan también la investigación por el presunto amaño de obra pública donde figura igualmente el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al que los investigadores sitúan como presunto cabecilla de la trama. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapó esta derivada del caso Koldo, hasta ese momento centrado únicamente en los contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia de coronavirus.
El empresario Víctor de Aldama apuntó la existencia de esta otra trama en su confesión de noviembre de 2024 en la Audiencia Nacional al hablar de un "cupo vasco" que gestionaría Cerdán, pero sin dar más detalles. Una vez conocido ese informe policial, que se basaba en las grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 y 2023, el entonces diputado y secretario de Organización del PSOE dimitió de ambos cargos y el magistrado del Tribunal Supremo que en ese momento investigaba a Ábalos, García y Aldama, dado el aforamiento del exministro y aún diputado, le imputó.
Las pesquisas prosiguieron en el Supremo hasta el pasado enero, cuando Ábalos renunció a su escaño, decayendo así su carácter de aforado ante el alto tribunal y, con ello, la competencia del mismo para investigarle. El Supremo retuvo únicamente la parte que ya había enviado a juicio —la trama de compra de mascarillas—, el resto de la investigación sobre el caso Koldo, por contra, ha vuelto a la Audiencia Nacional, donde comenzó, y ahí continúa en fase de investigación.
La pieza secreta del juez Ismael Moreno
Además, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió una pieza separada con la información aportada por el PSOE relativa a los pagos en metálicos entre 2017 y 2024. Esta causa, que continúa también en fase de investigación, se declaró secreta a mediados de diciembre.El magistrado abrió esta pieza ante las sospechas del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de que se han podido cometer ciertas irregularidades en el uso de dinero en metálico por parte de la formación que lidera Pedro Sánchez.
A esta causa, en la que la Audiencia Nacional investiga desde el año pasado los reembolsos de dinero en efectivo que el PSOE entrega a sus cargos y trabajadores cuando estos anticipan gastos cotidianos, que el juez Moreno mantiene secreta, se sumaron las pesquisas sobre posibles transferencias de dinero, amparadas en facturas falsas, para pagar a los miembros de la supuesta red corrupta centrada en torpedear investigaciones judiciales.
Las dos investigaciones que instruye la Audiencia sobre los pagos del PSOE se centran en aspectos distintos, pero tienen un elemento común: las supuestas irregularidades fueron ideadas, cometidas, o al menos avaladas, por los secretarios de Organización (primero Ábalos y luego Cerdán), que, en la práctica, son los jefes de la sala de máquinas del partido y quienes autorizan los gastos de todo su departamento.
El juez del caso hidrocarburos rechazó imputar a Ábalos
Sobre el caso hidrocarburos, el juez Santiago Pedraz rechazó el pasado abril imputar a Ábalos. Una acusación popular había solicitado ampliar la investigación tras un informe de la UCO que revelaba que la trama que se dedicaba al fraude del fuel destinó "un millón de euros a comprar la voluntad" de Ábalos y otros cargos públicos para que les facilitaran los permisos para operar con hidrocarburos. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, entiende que estos hechos ya están siendo revisados por el Tribunal Supremo y negó una nueva imputación.
Sospechas en el caso Leire Díez
Las sospechas también se han cernido sobre el exministro en el caso de la exmilitante socialista Leire Díez, que se reunión en varias ocasiones con Ábalos. Así lo confirmaron a laSexta fuentes del entorno del exministro de Transportes, que cuentan que la presunta fontanera del PSOE se vio alguna que otra vez con quien fuera también exsecretario de organización del partido.
El objetivo de ella en estos encuentros, dicen las fuentes, era el de controlar tanto su línea de defensa como su estrategia de comunicación. En ese sentido, en la agenda de Díez hay una anotación en la que se puede leer "concretar encuentro con Ábalos". Según fuentes del exministro, las reuniones se produjeron desde 2023, cuando Leire Díez sale de Correos y le pide ayuda a Ábalos para encontrar trabajo.