La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez, su asistente y el empresario Barrabés al entender que no han cometido ningún delito

La Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones en la causa contra Begoña Gómez donde ha pedido su absolución y la de los otros dos acusados, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, al entender que no han comentado ningún delito.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía destaca que la cátedra extraordinaria codirigida por Begoña Gómez no tuvo ánimo de lucro. "No consta que la sociedad TRANSFORMA TSC SL, ni ninguno de los acusados a título individual, directa o indirectamente, haya realizado una explotación mercantil del referido programa informático, ni consta hayan pretendido ostentar titularidad o propiedad frente a terceros, reconociendo en todo momento que el programa en cuestión era titularidad complutense y que, en todo caso, la futura utilización del mismo sería gratuita para los usuarios", sostiene la Fiscalía.

Así, recoge la Fiscalía que "la Cátedra de Transformación Social Competitiva era financiada con fondos externos, como todas las cátedras extraordinarias, pasando los fondos de los patrocinadores a ser titularidad de la UCM. La UCM cifra en 108.765,79 euros y 4.744 euros la cantidad desembolsada en la creación del software, si bien no ha reclamado la entrega del referido producto ni entablado litigio alguno respecto a su titularidad. Los recursos externos con que se dotaba la Cátedra y aportados por patrocinadores permitían la gestión y autosuficiencia económica de la misma".

En definitiva, "el producto elaborado en el marco de la cátedra de Transformación Social Competitiva es titularidad complutense, no siendo inscrito en los registros públicos a su nombre, pese haber sido puesto a disposición de la UCM por parte de los creadores, existiendo una utilización del mismo por parte de Begoña Gómez, a través de los registros de los que era titular de forma individual, difundiendo el empleo y uso de la herramienta digital creada, incorporando en la difusión el logotipo de la UCM, y haciéndolo de forma gratuita y sin constancia de ánimo de lucro ni rédito económico efectivo".

Los tres investigados no obtuvieron ninguna remuneración

En su escrito, la Fiscalía sostiene que los tres investigados y las empresas que colaboraron en la cátedra no obtuvieron ninguna remuneración. "Ni sociedades y empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado", ha añadido.

"Ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios", ha añadido la Fiscalía.

Así, hace hincapié en que "ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas".

Además, la Fiscalía sostiene que no es necesario que Begoña Gómez tuviera el título de licenciada para codirigir una cátedra extraordinaria, en la que se busca la financiación de proyectos. "No es preciso ostentar la condición de licenciado, diplomado, funcionario, o catedrático estricto sensu para la promoción, participación, ni para la dirección de las citadas cátedras extraordinarias, habiéndose suscrito convenios por parte de la UCM con numerosas empresas, asociaciones y entidades en actividades y sectores de muy variada índole, siendo elemento común el hecho de ser fuente de recursos para la Universidad, a la que no originan gasto alguno", señala.

Por tanto, añade que "no es preciso título universitario o profesional de ningún tipo, y no es en ningún caso, una actividad remunerada". "La UCM ha suscrito numerosos convenios de creación de cátedras extraordinarias, sin exigencia de acreditación de títulos o currículum vitae de ningún tipo, con entidades, asociaciones, empresas y grupos de muy heterogéneos y sobre sobre temáticas muy variadas, y con entidades, asociaciones o personas de muy diversa condición y procedencia", apunta.

La Fiscalía recurre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

Por otro lado, la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar los pasaportes a Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, al considerar que no existe "riesgo de fuga" y se trata de una medida "innecesaria, injustificada, inmotivada, desproporcionada, y contraria a los fines propios de la ley", y en el caso de Álvarez, además, "sencillamente, la resolución es injusta".

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el fiscal José Manuel San Baldomero destaca que "no concurre el riesgo de fuga pretendido" y que las medidas adoptadas, que también incluye la obligación de realizar comparecencias quincenales en el juzgado, "no han sido motivadas ni justificadas atendiendo a la situación individualizada de las acusadas".

Señala que las investigadas tienen "indudable arraigo en territorio nacional; son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; y ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España". A ello añade que tanto Gómez como Álvarez "carecen de nexos con el extranjero, en general o particular". "Desconocemos a dónde se supone que huirán, porque no se apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad", explica.

El fiscal ha hecho hincapié en las palabras de Peinado en las que dejaba caer que los policías podrían ayudar a fugarse a la mujer del presidente del Gobierno. Ahí, ha dicho el fiscal, "los argumentos resultan carentes de lógica y racionalidad: el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una eventual fuga".

"Acudir a este esbozo de argumento es el exponente de la carencia de los mismos. Lo realiza, además, de una forma categórica, y de autoafirmación ("...pero lo que no cabe duda,..."), pero sin justificación ni base racional. Y extiende una sombra de sospecha infundada de las instituciones, tanto a nivel de mandos como a nivel del funcionario de base", sostiene la Fiscalía.

De esta manera, señala que "no es fácilmente asumible esa visión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un estado de Derecho como el nuestro. Tampoco es fácil imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor, por otro lado, planteada sin mayor justificación", sostiene.

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