La censura parental de Vox en las escuelas lleva en boca de todos desde hace ya algunos días. "Va a dejar desprotegidos a nuestros alumnos, a nuestros hijos, de información sobre cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, la drogodependencia o la ludopatía", ha alertado Nuria Montiel, profesora de biología y miembro de ASFAGALEM.
Pero, ¿qué es el 'pin parental'? "Viene a ser un privilegio que quieren otorgar a algunos padres para que los centros educativos no den formación en derechos humanos y, en este caso, en el respeto a la diversidad sexual y de género", ha asegurado Santiago Rivero, portavoz de COGAM.
Tal y como se plantea, el llamado 'pin parental' permite a los padres vetar a sus hijos menores de 18 años de cualquier materia, charla taller o actividad con la que ellos, no sus hijos, discrepen ideológicamente.
"Vulnera la Constitución y los principios básicos de la legislación educativa porque priva a los menores de recibir una educación en valores", ha denunciado Jesús Generelo, portavoz de Educación de FELGTB.
Esto, no sólo lo respalda el Gobierno, sino que iría en contra de la Constitución y varias leyes.
La Carta Magna asegura que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los derechos y libertades fundamentales". La ley de Infancia y Adolescencia apunta que "los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo".
Además, la LOMCE sostiene que "el funcionamiento del sistema educativo español se rige por los principios de libertad de enseñanza y no discriminación". La Convención de los Derechos del Niño afirma que "el niño tendrá derecho a la libertad de expresión" y que "ese derecho incluirá la libertad de buscar, difundir y recibir informaciones e ideas de todo tipo".
En el caso concreto de Murcia, el veto parental también iría contra una ley autonómica y específica LGTBI: "Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la educación infantil hasta la enseñanza obligatoria explicando la diversidad afectivo-sexual desde las edades más tempranas", indica el texto.
Para el Gobierno no es más que una objeción de conciencia encubierta que, además, insisten, no es aplicable en la educación. "El ministerio de Educación y Formación Profesional acudirá a los tribunales", ha dicho la ministra Celaá. Recurrirán por vía judicial para tumbarlo.