El denominado 'pin parental' está acaparando titulares después de que Vox lo haya impuesto como condición para apoyar los presupuestos autonómicos en regiones como Murcia o la Comunidad de Madrid y de que el Gobierno haya anunciado que llevará esta iniciativa ante los tribunales.

La medida, defendida por el partido de Santiago Abascal y organizaciones ultraderechistas como Hazte Oír, pretende que los padres de los alumnos tengan que autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar, recibiendo información anticipada de todas ellas.

Supondría que los padres puedan no permitir la asistencia de sus hijos a charlas y talleres con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en horario lectivo. Y es que la propuesta está particularmente dirigida contra las charlas contra la homofobia y sobre diversidad LGTBI que se imparten en los centros educativos y forma parte de la ofensiva de Vox contra lo que la formación de extrema derecha denomina "ideología de género" en las escuelas.

Al respecto, la portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, llegó a afirmar que se habla de "zoofilia" y "parafilias" a los alumnos y la formación incluso pidió los nombres y apellidos de las personas que imparten talleres sobre diversidad LGTBI en los colegios madrileños.

Por su parte, la organización ultracatólica Hazte Oír -conocida por sus campañas tránsfobas- llegó a enviar a colegios públicos y concertados de toda España 23.000 ejemplares de un formulario titulado "PIN parental contra el adoctrinamiento en ideología de género", para que los padres solicitasen información previa y consentimiento expreso para la asistencia de sus hijos a clases con contenido afectivo-sexual. Una campaña que Comisiones Obreras denunció ante la Fiscalía por fomento del odio.

Fragmento del formulario de 'pin parental' colgado por Vox en su web | Vox

El Gobierno recurrirá el 'pin parental'

El Ministerio de Educación ya ha anunciado que recurrirá ante la Justicia la decisión de la Región de Murcia de imponer el 'pin parental' en sus centros educativos, una exigencia de Vox al Ejecutivo de PP y Ciudadanos para apoyar los presupuestos, situación que ya se produjo en Andalucía el año pasado, cuando PP y Cs aceptaron esta medida, que aún no se ha desarrollado.

Una iniciativa que, en palabras de la ministra Isabel Celaá, "vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados" y excede las competencias de los centros educativos. "No lo vamos a tolerar", ha advertido.

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha pronunciado en idéntico sentido a través de Twitter, donde se ha hecho eco de la decisión del ministerio de llevar el 'pin parental' ante los tribunales. "El pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación", ha afirmado. "Seremos firmes, no al pin parental", ha añadido.