El Gobierno recurrirá ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que obligaba a indemnizar a los herederos del dictador Francisco Franco por los gastos de mantenimiento del Pazo de Meirás, ya que la Abogacía del Estado aprecia errores en la interpretación de la sentencia sobre esa liquidación por parte del Estado.
La sentencia data del 12 de febrero de 2021, cuando la Audiencia Provincial de A Coruña determinó que el Gobierno debía indemnizar a los Franco por los 82 años que se ha hecho cargo del Pazo.
Un fallo por tanto que, expresa el Ejecutivo en un comunicado, "si bien es favorable a las principales pretensiones del Gobierno al otorgar la propiedad del Pazo a Patrimonio del Estado, reconoce a los herederos del dictador el derecho a recibir una indemnización por los gastos en los que incurrieron cuando ostentaban la propiedad del inmueble".
Sin embargo, prosigue, "la Abogacía del Estado ha apreciado errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda": "La sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad".
Por eso, insta al Tribunal Supremo a "la eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Tribunal Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio".