Según informa la Guardia Civil, agentes de este cuerpo registran entidades públicas, mercantiles, despachos profesionales y domicilios en las provincias de Barcelona y Tarragona, así como en el Ayuntamiento de Tarragona, donde se han realizado cuatro detenciones. Las cuatro personas detenidas son dos empresarios, un cargo público y un ex cargo público, en concreto Gustavo Cuadrado, exjefe de gabinete del alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC).
La Guardia Civil de Tarragona, en el marco de la Operación Anfiteatro, que se inició a raíz de las actuaciones practicadas a finales del año 2015 y que afectaba al Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tarragona por la adjudicación de un contrato a la mercantil Inipro, está practicando simultáneamente ocho registros en la provincia de Barcelona y tres en la de Tarragona.
Las entradas y registros se realizan en el Ayuntamiento de Tarragona para acceder al servidor y obtener datos de uno de los detenidos; en los ayuntamientos de Viladecans y Palau-Solità i Plegamans (Barcelona); en dos mercantiles en Barcelona y Viladecans (Barcelona); en un despacho profesional de Viladecans y en otro de Reus (Tarragona) y en los domicilios de los cuatro detenidos.
Las actuaciones están tuteladas por el juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona. El juez investiga los detalles de la contratación de Inipro mediante un procedimiento negociado sin publicidad al que el ex gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona Antonio Muñoz invitó a las empresas Inipro, Itinere y Gallets Associats.
Inipro e Itinere son del mismo grupo y Gallets tiene vinculaciones, aunque se retiró del procedimiento alegando exceso de trabajo, pese a que su actividad no tiene nada que ver con el objetivo del contrato, que era atender a la población inmigrante.
El contrato lo ganó Itinere y en el 2010 se le pagaron 64.000 euros, pero se prorrogó durante el 2011 y el 2012 y el juez cuestiona los 215.000 euros facturados de forma presuntamente irregular. El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, autorizó los pagos de siete facturas pese a las advertencias en contra porque "no podía hacer nada más o hubiera cometido un delito de enriquecimiento injusto".