Los once magistrados que conforman el Tribunal Constitucional han acordado suspender la resolución por la que el Parlament dio inicio al proceso de secesión y ha dado el primer paso para adoptar, si se diera el caso, las medidas solicitadas por el Gobierno como la imposición de multas o la apertura de un procedimiento penal contra los responsables de la iniciativa parlamentaria.

Fuentes del tribunal de garantías han señalado que la decisión adoptada tras hora y media de debate no supone la adopción aún de estas medidas, si bien se da el primer paso para llevarlas a cabo.

En este sentido, se requiere a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlament y al secretario general de la Cámara para que, en el plazo de 20 días hábiles informen sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio "a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas" en la Ley Orgánica para hacer cumplir sus resoluciones.

La admisión del incidente supone además dar traslado a la Fiscalía y al Parlament de la petición de nulidad hecha por la Abogacía del Estado el pasado viernes. En este sentido, el Pleno del TC da 20 días de plazo para que las partes formulen las alegaciones que estimen convenientes.

La suspensión de la vigencia de la resolución de ruptura es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno, en su recurso, del artículo 16.2 de la Constitución, que establece que la impugnación por el Ejecutivo producirá la suspensión de la disposición recurrida durante al menos cinco meses.

La decisión adoptada este 1 de agosto por unanimidad de todos los miembros del tribunal será notificada personalmente a Forcadell, a los demás miembros de la mesa del Parlament y al secretario general de la cámara, así como al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat.

En este sentido, el TC advierte a todos ellos "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

El último punto acordado tras el Pleno, que es la primera vez que se da por el tribunal de garantías, es el requerimiento a la presidenta de Forcadell y demás miembros de la Mesa del informe sobre el cumplimiento de las resoluciones de este órgano conforme a lo que señala el recientemente reformado artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

En dicho artículo, en su punto número 4, se dice expresamente que, en caso de advertirse que una resolución dictada por el TC pudiera estar siendo incumplida este órgano debe requerir a quienes corresponda que informen al respecto, que es la novedad que ha adoptado este lunes el órgano presidido por Francisco Pérez de los Cobos.