El Consejo Fiscal ha otorgado por unanimidad su amparo a todos los fiscales que han actuado en los procedimientos derivados del 'procés'. Una decisión adoptada en pleno contexto de tensión por los señalamientos a miembros de la judicatura por parte de Junts y las alusiones al 'lawfare' lanzadas desde la política.
En la reunión, celebrada este miércoles, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha trasladado además "su apoyo y defensa a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones", incluidos aquellos que han intervenido en las causas relacionadas con el proceso independentista catalán.
"La defensa del Estado de derecho es una función prioritaria de los y las fiscales en nuestra labor diaria ante los tribunales de justicia", ha reivindicado, incidiendo en que "el sometimiento al ordenamiento jurídico y el respeto de las instituciones públicas son la base de nuestra convivencia y del sistema democrático". Así, ha hecho hincapié en "la importancia de la lealtad institucional como elemento vertebrador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de derecho es el mejor modelo de convivencia".
García Ortiz no ha querido pronunciarse en cambio sobre la ley de amnistía por considerar que un pronunciamiento del Consejo Fiscal sobre este asunto excedería sus competencias y supondría interferir en las facultades del Poder Legislativo y de otros órganos del Ministerio Fiscal.
En cuanto a las declaraciones de la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, sobre algunos magistrados del Tribunal Supremo, el Fiscal General del Estado ha recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces que se consideren inquietados o perturbados en su independencia deben dirigirse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras que la Fiscalía se encarga de promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial.
En este sentido, García Ortiz ha recordado que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, según recoge la Constitución.