Escándalo de Les Naus

Citados a declarar como testigos tres responsables de la Conselleria por el caso de las VPP de Alicante

Mientras tanto... El alcalde de Alicante ha asegurado que van actuar con "la máxima transparencia" para que quede "bien claro la intervención que el Ayuntamiento ha tenido" en el reparto de las 140 viviendas del complejo residencial Les Naus.

La cooperativa de las VPP dice que la promoción de Alicante es privada y que Generalitat Valenciana revisa los datos de los compradoresVPP de AlicanteEuropa Press

La magistrada que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) de la zona de la Playa de San Juan, en Alicante, ha dictado una providencia por la que acuerda, a instancias de la Fiscalía, citar a declarar en calidad de testigos a tres responsables de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat el próximo 15 de abril.

Esos testigos son el director territorial de la Conselleria en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

Además, la jueza ha decidido librar un oficio a la Conselleria para que informe de si unos informes aportados a la causa han sido elaborados exclusivamente por el secretario territorial adjunto de vivienda o si ha sido auxiliado para ello por otros empleados públicos. En este segundo supuesto, la Conselleria deberá identificar a esas personas y los cargos o puestos que ocupan en el organigrama institucional.

El escándalo de Les Naus saltó a los medios a finales de enero y ha provocado una tormenta política en el Ayuntamiento de Alicante con varias dimisiones, entre ellas de la concejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, la directora general municipal María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una VPP, y también del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez. Además, varios funcionarios, entre ellos varios arquitectos, han sido apartados o han sido objeto de apertura de expediente, como dos técnicos de Urbanismo.

El alcalde de Alicante promete "transparencia"

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha prometido la "máxima transparencia" en la comisión municipal que se ha constituido este lunes en el Ayuntamiento para, con la participación de los partidos de la oposición de izquierdas y de Vox, aclarar las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan.

Tras la toma de posesión en Casa Mediterráneo del nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, Barcala ha explicado que el objetivo de la comisión es conocer "lo que no esté suficientemente claro" y que todos los partidos puedan formular sus preguntas para, "con la máxima transparencia", que quede "bien claro la intervención que el Ayuntamiento ha tenido" en el reparto de las 140 viviendas del complejo residencial Les Naus.

En este sentido, Barcala ha señalado que la participación del Consistorio se limita a la venta de la parcela y a la tramitación de la licencia de obras, así como al papel que hayan podido tener algunos funcionarios, a lo que ha añadido que ignora el resultado de los expedientes abiertos.

Según ha indicado el alcalde, la comisión ha acordado que el próximo miércoles se dé "la información que se pueda facilitar", teniendo en cuenta que hay expedientes reservados y que "por tanto no es accesible esa información". Y en lo referente a si el Ayuntamiento se personará en la causa que ha abierto una jueza de la ciudad como acción popular, el político ha asegurado que ya se ha trasladado toda la información solicitada por la magistrada, y que lo mismo se hará con toda la que emane de la comisión municipal de investigación.

Así, ha insistido en que "la colaboración con la Administración de Justicia va a ser máxima" y que el Ayuntamiento decidirá si persona o no en la causa judicial en función de si se concluye si hay "hechos de los que se deba ser parte para ejercitar acciones penales".

Sin embargo, Barcala no ha querido dar nombres de posibles autores de irregularidades dado que, ha dicho, a estas alturas se desconoce "el grado de responsabilidad que tiene nadie" y, por tanto, considera una "absoluta irresponsabilidad en este momento poner ningún nombre encima de la mesa cuando ni siquiera la jueza de la instrucción se ha pronunciado".

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