"La lista la
hicimos en 2002, han pasado 15 años. No tenemos una propuesta concreta (de
nuevos delitos que incorporar), queremos trabajar con los socios europeos",
ha declarado Catalá a la prensa en Bruselas, a su llegada a una reunión de ministros
de Justicia de la UE.
Aunque el ministro ha
pedido "no basarse en anécdotas", en alusión al caso del expresidente
catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que huyeron con él a
Bruselas, la necesidad de revisar la euroorden surge al tiempo en que la
Justicia española solicitó a Bélgica la entrega de los cinco políticos catalanes.
Ninguno de los cinco
delitos que les fueron imputados por la Audiencia Nacional -rebelión, sedición,
malversación, prevaricación y desobediencia- figuran en esta lista de 32
delitos, lo que llevó a la juez Carmen Lamela añadir el de corrupción, que sí
lo está, a la hora de tramitar las euroódenes.
La Fiscalía de Bruselas,
sin embargo, concluyó tras examinar el expediente que no correspondía entregar
a los requeridos por corrupción, aunque sí por cuatro de los cinco delitos
imputados (todos menos prevaricación).
Si los tribunales belgas
hubieran confirmado esta posición -la decisión finalmente no se ha conocido al
retirar antes España la petición de entrega- Puigdemont y sus exconsellers solo
hubieran sido entregados si quedara demostrada la doble tipificación de los
delitos, esto es que figuraran también el ordenamiento jurídico belga.
En este sentido, Catalá
ha querido subrayar que desde España no tiene "ninguna queja" hacia
Bélgica por el caso de los exmiembros de la Generalitat huidos a este país. "No
hay que basarse en las anécdotas, en los últimos tres años Bélgica ha emitido
212 órdenes de entrega hacia España, que han sido atendidas, salvo en dos casos
por cuestiones humanitarias. Del Gobierno belga me consta la lealtad, la
colaboración", ha explicado Catalá, para quien la necesidad de revisar las
reglas europeas no responden a "un caso puntual".
Los cambios normativos
en la Unión Europea van "despacio" y en el caso de la euroorden
afecta a sensibilidades jurídicas "muy diferentes" entre Estados
miembros, por lo que el ministro considera que se debe empezar a plantear la
revisión.
También ha insistido en
que la orden europea de detención y entrega fue pactada por la Unión Europea en
2002 (se aplica desde 2004), por lo que después de "15 años de éxito"
para perseguir a criminales y terroristas es necesario actualizarla.