Investigación
La muerte de un joven con parálisis cerebral destapa en Elche una residencia ilegal de personas dependientes que vivían en penosas condiciones
Los detalles La Policía investiga a un matrimonio de 58 y 48 años que vivían de alquiler en una casa donde, de forma ilegal, acogían y cuidaban a personas dependientes, un lugar donde no se cumplían las mínimas condiciones de habitabilidad.
La muerte de un joven de 34 años con parálisis cerebral ha destapado en Elche (Alicante) una residencia ilegal para personas dependientes, un caso que evidencia la falta de supervisión y de alternativas para quienes requieren cuidados especiales.
Los agentes investigan a un matrimonio español, de 58 y 48 años, que vivía de alquiler en esa vivienda y se encargaba del cuidado de personas dependientes, a veces durante horas y, en otras ocasiones, durante la noche.
Por este servicio, el matrimonio, que tiene antecedentes, cobraba entre 30 y 45 euros diarios a los familiares de los residentes. Sin embargo, operaban al margen de la ley, sin licencias ni formación adecuada para atender a personas dependientes, y llevaban desde 2016 gestionando este negocio clandestino en distintas viviendas. Ni el propietario, ni los los vecinos, menos aún los familiares sabían nada.
Lo más preocupante es que en esa casa no se cumplían las mínimas condiciones de habitabilidad. Desde el exterior, nada hacía sospechar las condiciones reales: se trataba de un chalet de dos plantas en una urbanización de clase media-alta, rodeado de jardines bien cuidados.
En el interior, sin embargo, las condiciones eran penosas: habitaciones abarrotadas de basura, orines y excrementos, y con ventilación prácticamente inexistente. Incluso se encontraron cintas en las camas.
Por el momento se desconoce el número total de afectados, pero se sabe que todos eran personas con discapacidad intelectual, algunas especialmente vulnerables.
Entre ellos, ha fallecido un hombre de 34 años con parálisis cerebral, cuyas causas aún se desconocen. Si la autopsia determina que su muerte no fue natural, se abrirá una investigación por parte de la policía judicial para identificar a los responsables.
En cuanto al negocio ilegal, serán ahora las administraciones locales las encargadas de imponer las multas o sanciones correspondientes. De momento, todos los residentes han sido devueltos a sus familias y la vivienda ha quedado totalmente precintada.