En la Plaza de la Marina Española de la capital, a pocos metros del concurrido Palacio Real, es habitual que se respire tranquilidad. Allí se encuentra la sede del Senado y, salvo los días que hay pleno o sesión de control un martes por la tarde, el ambiente de quietud apenas se rompe por los turistas que pasean por la zona.

Esta calma es la perfecta metáfora de lo que ha sido la Cámara Alta hasta hace unas semanas, hasta que la presencia del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la bancada popular y su ausencia en el Congreso lo convirtió en el nuevo escenario de los choques dialécticos con el presidente del Gobierno,Pedro Sánchez.

La petición de comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Senado, formalmente para hablar de las consecuencias económicas y sociales y de la crisis energética en su variable territorial, ha devuelto a los senadores a la primera línea de la política, habitualmente copada por los debates en el hemiciclo del Congreso.

La clave está en la petición del Ejecutivo, de tratar la situación energética en su variable territorial. Porque el Senado es la Cámara que debería tratar los asuntos regionales, aunque formalmente actúa como un espacio de segunda lectura de las leyes que le llegan del Congreso de los Diputados y las posibles enmiendas que haga a los proyectos de ley pueden ser revocadas por el pleno de la Cámara baja. De hecho, sus poderes son limitados: es el Congreso quien inviste al presidente del Gobierno y las sesiones de control allí son semanales. En el Senado, la presencia del titular de La Moncloa no está reglada, suele producirse una vez al mes, pero ni siquiera eso sucede todos los meses. Las opciones, por tanto, del Senado para lucirse son habitualmente pocas.

Por ejemplo, un momento de los más delicados fue el debate sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras el referéndum ilegal del 1-O en 2017. En este caso, la Carta Magna obliga a que sea en el pleno de la Cámara alta, donde están representadas las comunidades autónomas, a aprobarlo.

Ahora la situación es distinta y no hay precepto constitucional que fuerce al debate más allá de la oportunidad política de Sánchez. El presidente del Gobierno aprovecha un formato que le favorece: arranca el debate sin límite de tiempo y después le responden los portavoces, 15 minutos cada uno. Entre ellos, Feijóo. Después responde el presidente, tienen una nueva réplica de 5 minutos cada uno de los portavoces y Sánchez pondrá el broche a la comparecencia sin límite de tiempo.

Además, el Senado garantiza otra baza para el presidente: el debate será un cara a cara entre él y Feijóo, toda vez que Unidas Podemos carece de representación y otras fuerzas, como Ciudadanos o Vox, no tienen grupo propio y sus portavoces están menos bregados en la réplica al jefe del Ejecutivo. El protagonismo será completo para los dos grandes partidos, serán los únicos líderes nacionales presentes, y el debate marcará el pistoletazo de salida de la larga precampaña hasta las elecciones generales de final de 2023.