Caso Begoña Gómez
Begoña Gómez pide al juez Peinado suspender la causa hasta que la Audiencia resuelva si la juzga un jurado popular
Los detalles La defensa de Gómez sostiene que "resulta lógica y jurídicamente incoherente que el procedimiento avance cuando están pendientes de resolución recursos interpuestos precisamente contra las resoluciones que acordaron el inicio y la continuación de dicho procedimiento".
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La defensa de Begoña Gómez ha solicitado la suspensión del procedimiento ante el Tribunal del Jurado y la paralización de todos los plazos procesales hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos pendientes. Argumentan que avanzar en el proceso sería incoherente y vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que se cuestiona la legitimidad del procedimiento actual. Además, citan una circular de la Fiscalía General que respalda la necesidad de resolver los recursos antes de continuar. La defensa advierte sobre el riesgo de nulidad de actuaciones y el perjuicio para las partes y la Administración de Justicia si se prosigue sin resolver dichos recursos.
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La defensa de Begoña Gómez pide la suspensión del procedimiento ante el Tribunal del Jurado y la paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso, incluyendo el plazo concedido para la formulación del escrito de defensa, hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos pendientes.
Esta parte sostiene que la solicitud de suspensión que se formula tiene su razón de ser en "una elemental exigencia de congruencia y seguridad procesales: resulta lógica y jurídicamente incoherente que el procedimiento avance —requiriendo a las partes acusadas la formulación de sus escritos de defensa y, en definitiva, encaminándose hacia la celebración del juicio oral— cuando están pendientes de resolución recursos interpuestos precisamente contra las resoluciones que acordaron el inicio y la continuación de dicho procedimiento".
Alude a una circular de la Fiscalía General del Estado en la que se defiende lo siguiente: "La pendencia de un recurso contra el auto de incoación —que cuestiona la propia decisión de seguir el procedimiento ante el Tribunal del Jurado— implica que no puede haber certeza alguna sobre la legitimidad del cauce procedimental elegido mientras dicho recurso no sea resuelto".
Permitir que el procedimiento avance en estas circunstancias supondría, según la defensa de Gómez, vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte acusada, que vería cómo el procedimiento continúa a pesar de haber ejercido los recursos que el ordenamiento jurídico le reconoce contra sus resoluciones fundantes; comprometer el derecho a un proceso con todas las garantías, al obligar a la defensa a operar dentro de un marco procedimental cuya propia existencia está siendo cuestionada ante un tribunal superior; y generar un riesgo cierto de nulidad de actuaciones de imposible subsanación posterior, con el correlativo perjuicio para todas las partes y para la Administración de Justicia, en caso de que la Audiencia Provincial estimara los recursos pendientes.
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