Más de cien firmantes
Baltasar Garzón, Victoria Rosell o Pérez Royo, entre los firmantes de un manifiesto de juristas contra el ataque a Venezuela
¿Por qué es importante? Más de cien personalidades del mundo jurídico y académico rechazan la intervención de Estados Unidos en Venezuela, tachando de "ilegal" la detención de Maduro.

Resumen IA supervisado
Más de cien personalidades del ámbito judicial y académico han firmado un manifiesto condenando el ataque estadounidense en Venezuela, solicitando a la ONU evaluar sus consecuencias jurídicas y garantizar el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. Entre los firmantes destacan Baltasar Garzón y Victoria Rosell. El texto critica la detención "ilegal" de Nicolás Maduro y subraya que el uso de la fuerza armada está prohibido por el artículo 2.4 de la Carta, salvo en casos de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad. El manifiesto advierte que cualquier intervención militar unilateral sería una grave violación del principio de soberanía y podría considerarse un "crimen de agresión". Además, condenan la privación de libertad de Maduro, incompatible con la inmunidad personal de jefes de Estado. Instan a la comunidad internacional a esclarecer los hechos y adoptar medidas para proteger el orden jurídico internacional.
* Resumen supervisado por periodistas.
Más de un centenar de personalidades del mundo judicial y académico han suscrito un manifiesto que condena el ataque estadounidense en Venezuela, en el que instan a la ONU a evaluar sus consecuencias jurídicas y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas.
Entre los firmantes, se encuentran el exmagistrado Baltasar Garzón, la jueza y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell, y el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.
En el texto, se posicionan a favor de la legalidad internacional y critican la detención "ilegal" y el traslado forzoso del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Además, recuerdan que el uso de la fuerza armada contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado está expresamente prohibido por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, "norma fundamental del orden jurídico internacional y de carácter imperativo".
De esta forma, destacan que dicha prohibición solo admite dos excepciones claramente delimitadas: la legítima defensa, conforme al artículo 51 de la Carta, y la autorización expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El manifiesto advierte de que "no se ha acreditado públicamente" la existencia de un ataque armado previo ni de una amenaza inminente que pudiera justificar una actuación en legítima defensa, por lo que cualquier intervención militar unilateral en territorio venezolano "constituiría una violación grave del principio de soberanía, de la prohibición de la intervención y de la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos".
Posible "crimen de agresión"
En dicho escrito, señalan que este uso ilícito de la fuerza podría llegar a calificarse como "crimen de agresión", de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 3314 de la Asamblea General y los principios consolidados del derecho penal internacional, recordando que los actos de agresión "figuran entre las violaciones más graves del orden jurídico internacional por sus consecuencias para la paz, la seguridad y los derechos fundamentales de los pueblos".
Los firmantes condenan igualmente la privación de libertad de Maduro por fuerzas armadas extranjeras, al considerarla "incompatible" con el régimen de inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio "reconocido por el derecho internacional consuetudinario".
Finalmente, el manifiesto insta a los estados de la comunidad internacional y a los órganos competentes de la ONU a "esclarecer los hechos, evaluar sus consecuencias jurídicas y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y evitar precedentes que erosionen gravemente el orden jurídico internacional".
Entre otros suscriptores del manifiesto aparece el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña y exalcalde de la ciudad Xulio Ferreiro; los magistrados en ejercicio Gonzalo Alcoba, Celima Gallego, Esther González y Amaya Olivas; los magistrados jubilados Juan Romero Laguna, Juan Pedro Yllanes, Enrique Medina, Joan Agustí Maragall, Paloma Marín y Ascensión Solé; junto a otros catedráticos de derecho, funcionarios de la Administración y especialistas en derecho internacional público y derechos humanos.
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