El exmayor de los Mossos, d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, será juzgado en la Audiencia Nacional por un delito de rebelión al no frenar el asedio frente a la Consejería de Economía el 21 de septiembre de 2017 y por el referéndum del 1-O.
El tribunal se ha declarado competente por unanimidad y rechaza así las alegaciones de otros dos de los acusados, el ex secretario general de Interior César Puig y el exdirector de la policía autonómica Pere Soler, quienes solicitaron que la causa recayera en un juzgado catalán, según confirman fuentes jurídicas a El Confidencial.
A diferencia de los abogados de Puig y Soler, la defensa de Trapero y de la que fuera intendente del cuerpo, Teresa Laplana, no pusieron en duda la competencia de la Audiencia Nacional en la vista del artículo de previo pronunciamiento celebrada el 5 de febrero en la Audiencia Nacional, desmarcándose así de los otros dos acusados. "No voy a formular ninguna alegación para esta cuestión", se limitó a decir la abogada Olga Tubau, que representa a ambos.
El abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, fue el primero en poner en duda la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a su cliente. "Sería la primera vez que para una causa concreta se daría una interpretación diferente a la que se ha dado hasta la fecha", argumentó el letrado, apuntando en este sentido a que la rebelión y la sedición nunca han sido competencia de la Audiencia Nacional por no ser "delitos contra la forma de gobierno".
Durante su intervención ante el tribunal, el letrado se preguntó además cómo sería "interpretado en instancias europeas" que la Audiencia Nacional juzgase estos hechos "como un tribunal de excepción para un caso concreto”, lanzando así el mensaje de que llevarán la sentencia hasta Estrasburgo.