La Audiencia Nacional acepta investigar el uso del dinero destinado al rescate de la aerolínea Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación sobre el uso del dinero destinado al rescate de la aerolínea Plus Ultra. En concreto, lo que se analiza es el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió como rescate en pandemia a dicha aerolínea y el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

Según ha informado el tribunal, el magistrado ha aceptado la competencia para instruir la causa en un auto en el que acuerda que la misma siga bajo secreto. El titular de la Plaza 4 del Tribunal Central de Instancia ha reclamado además al juzgado de Madrid que investigaba hasta ahora el procedimiento que le remita todas las actuaciones.

Cabe destacar que Calama investigará el caso actuando como titular de la Plaza 2, donde se instruye la causa, después que su compañero, el juez Ismael Moreno, se abstuviera en 2024. Fue entonces Calama quien rechazó admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso al entender que no era competente y la derivó al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue el que investigó el rescate de la aerolínea y acabó archivándolo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, que decidió inhibirse, envió el caso a la Audiencia Nacional, al considerar que afecta a una organización criminal que actuaría en el territorio de más de una audiencia y afectaría a la economía nacional.

Los tres investigados en la causa entregaron el pasaporte, tienen prohibido salir del territorio nacional y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada 15 días. Se trata del CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli; el presidente, Julio Martínez Sola; y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Dicho juzgado venía indagando en los hechos denunciados por Anticorrupción, pero no solo. La Fiscalía denunció el "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva".

Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

La constituirían, explicaba la AN en un auto, "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".

Alimentos básicos subsidiados

Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de "muy alta cuantía", concretamente de "fondos públicos de programas CLAP", impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y "ventas de oro del Banco de Venezuela".

"La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal", sostenía.

Anticorrupción refería las "conexiones" de la supuesta organización criminal con "clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente".

La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados.

También mencionaba la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá y que para las actividades de blanqueo "se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo".

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