El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha anunciado formalmente este martes su dimisión como presidente del PDeCAT, con la que hace "un nuevo paso al lado" el mismo día en que se cumplen dos años de que lo hiciera también para apartarse de la Presidencia de la Generalitat en favor de Carles Puigdemont.
Así lo ha explicado en rueda de prensa, a la que han asistido la coordinadora general del partido, Marta Pascal, y el de Organización, David Bonvehí.
El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha desvinculado su dimisión como presidente del PDeCAT y el caso Palau, y ha afirmado que la extinta CDC "ya pagó el precio más alto por ese caso, que fue autoliquidarse".
En la rueda de prensa en que ha anunciado su dimisión, ha detallado que hace mucho tiempo que había decidido dimitir sin que tuviera relación alguna con el caso Palau, cuya sentencia se prevé para el 15 de enero.
Al preguntársele por la posible vinculación, ha respondido que no tiene nada que ver, y ha añadido que "si fuera así, cabe recordar que CDC ya pagó el precio más alto que nunca ha pagado nadie y que existe, que es desaparecer".
"Hay muchos partidos que tienen problemas vinculados con la corrupción, pero ¿qué partido ha desaparecido? Ninguno. CDC, sí, y lo decidió la propia gente de CDC", ha destacado.
También ha reivindicado que el caso Palau tiene su embrión en los años 90, "etapa anterior" a su liderazgo en CDC, y que no se le ha citado ni como investigado ni como testigo durante el juicio porque no está implicado.
"No hay ni la más mínima prueba; si no, me hubieran llamado. Mi responsabilidad no era llevar las finanzas, sino confiar en determinadas personas que en algunos momentos las llevaron", ha añadido.
Mas ha detallado que dimite por motivos políticos -no quiere interferir en la "expansión" del PDeCAT tras la victoria de JuntsxCat- y por motivos judiciales no relacionados con el caso Palau: está investigado por la consulta del 9N y por el referéndum del 1-O.
Falta menos de una semana para saberse la sentencia del caso Palau, un juicio que acabó hace más de medio año y cuya sentencia debe dirimir si la extinta CDC cobró comisiones a Ferrovial a cambio de concesiones de obra pública.