El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha defendido su liderazgo del 9N: "Me declaro máximo responsable de haber tomado la iniciativa política, haber ideado e impulsado" el proceso participativo, de hacerlo escuchando a la ciudadanía y a la mayoría de alcaldes, y de obedecer a iniciativas del Parlament que instaban a una consulta sobre el futuro político de Catalunya.
En rueda de prensa en la Generalitat tras declarar este jueves en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) como imputado por el 9N, ha dicho no entender por qué eso motiva una querella de Fiscalía de Catalunya, que no era favorable a interponerla pero lo acabó haciendo porque Fiscalía General del Estado "lo impuso", razón por la que Mas se ha negado este jueves a contestar las preguntas de Fiscalía.
Ha recordado que el Gobierno central recurrió ante el TC horas después de la primera convocatoria de la consulta, y tardó unos 15 días en recurrir ante el TC contra el cambio de formato de la consulta que hizo entonces la Generalitat, que la convirtió en proceso participativo.
El Govern hizo en esa quincena de días la preparación del proceso "con la responsabilidad que le tocaba a la administración catalana", que ha resumido diciendo textualmente que la Generalitat colaboraba, informaba, proveía servicios y materiales, daba explicaciones a la opinión pública.
"Pero ciertamente no daba órdenes ni instrucciones", ha defendido el presidente, y ha alegado que los voluntarios del proceso fueron quienes secundaron entonces la iniciativa original de Mas.
Mas ha recordado que el 4 de noviembre recibió la segunda suspensión del 9N por parte del TC tras el recurso del Gobierno central, "que había pasado de la mofa pública de la iniciativa al abuso de poder" intentando abortar una iniciativa popular en manos de voluntarios y sin validez jurídica, ha dicho.
Para él, el proceso participativo fue consecuencia de una "evidente iniciativa institucional y política, pero también de una intensísima implicación ciudadana", porque es combinación de una iniciativa política institucional y la implicación ciudadana posterior, desde los voluntarios, que ha definido como auténticos ejecutores del proceso.
Ha dicho no entender por qué eso motiva una querella de la Fiscalía General del Estado --que ha tachado de desproporcionada--, y "en contra" de la postura inicial de la Fiscalía catalana. Además, según el presidente, por el 9N habría que comparecer ante un Parlament para dar cuenta de eso, "pero nunca ante un tribunal, y mucho menos en una causa penal".