Pere Aragonès ve cada vez más cerca su objetivo. Al menos, es la sensación que ha querido trasladar a la hora de reclamar nuevamente al pleno del Parlament su confianza para, esta vez sí, convertirse en president de la Generalitat destacando desde un primer momento sus intenciones: "Para culminar la independencia de Cataluña, para hacer inevitable la amnistía (de los políticos presos) y el ejercicio del derecho a la autodeterminación".

Así se ha expresado Aragonès en un discurso de investidura más breve que el expresado en marzo, y en el que ha remarcado su deseo de "abrir una nueva etapa" como nuevo líder catalán: "Quiero impulsar la nueva Generalitat republicana, inconformista, innovadora", ha asegurado el líder de Esquerra, poniendo en valor las "cuatro grandes transformaciones inaplazables" del nuevo Govern; la social, la feminista, la verde y la democrática, que serán "las cuatro banderas de la nueva Generalitat".

Una Generalitat que, tal y como ha querido recordar, contará con un líder 'único': "Por primera vez en lo que llevamos de Siglo XXI, Cataluña tendrá un president independentista y de izquierdas". Unas características que no hacen que el camino sea más "sencillo". "Las crisis en las que estamos inmersos son profundas", ha advertido Aragonès, quien para revertir las circunstancias actuales no duda en contar, como ha recordado en varias ocasiones, con el apoyo de los otros dos partidos independentistas que le abrirán las puertas de la Generalitat.

"Me presento con la seguridad de que cuento con la complicidad de una amplia mayoría de diputados independentistas". A ellos, a Junts y a la CUP, se ha dirigido para agradecerles "el esfuerzo" de conseguir un acuerdo con el que dar respuesta a esa misma "mayoría a favor de la amnistía y de la autodeterminación", dejando claro que esta es la primera vez que se logra superar "la frontera del 50% de los votos independentistas en unas elecciones". Pero Aragonès ha tenido guiños para todo el mundo en la cámara.

Quiero hacer como Escocia, y me gustaría que el Estado español hiciera como el Reino Unido en 2014"

Pere Aragonès (Parlament catalán)

A estos otros diputados "progresistas" -entre los que están los comunes, a quienes parecía interpelar directamente- les ha pedido cercanía y entendimiento, manos tendidas, con el objetivo no sólo de "hacer avanzar al país", sino también para resolver "de una vez el conflicto político con el Estado español". Una cuestión a la que se ha referido el candidato de ERC como su "obsesión", que es "superar el bloqueo actual" aun insistiendo en que "la solución pasa de forma ineludible por la amnistía y la autodeterminación". Aragonès ha mirado a Europa para aclarar sus intenciones.

"Quiero hacer como Escocia, y me gustaría que el Estado español hiciera como el Reino Unido en 2014. Hacer posible un referéndum y trabajar desde el primer día para ganar", ha detallado el dirigente catalán, que ha lanzado un mensaje directo al Gobierno central: "Me gustaría que el Estado dejase de oprimir y optase por comenzar una confrontación democrática en base a un proyecto alternativo a la independencia que vaya más allá de quedarnos con una autonomía que hace tiempo que se ha quedado pequeña".

Una investidura casi cerrada

Pere Aragonès ha mostrado sus cartas desde el inicio: "Seré breve, porque todos y todas tenemos mucho trabajo". Y porque los números ya le cuadran para ser investido. Han tenido que pasar tres meses y tres días desde las elecciones catalanas para lograr llegar a un acuerdo de coalición con Junts per Catalunya, prometiéndose "lealtad mutua". Ese pacto de Gobierno ya registra en sus 46 páginas como uno de los principales objetivos un referéndum, si bien el plan es que se celebre acordándolo con el Estado y no a través de la vía unilateral.

Para ello, se creará un espacio de coordinación integrado por ERC, JxCat y la CUP, así como la ANC y Òmnium Cultral, que permitiría, bajo la dirección del expresident Carles Puigdemont, la coordinación de todos los actores independentistas para controlar y seguir la negociación con el Estado, y para afrontar una suerte de "confrontación cívica" en caso de que el diálogo con el Gobierno no llegue a buen término para ellos. No obstante, este acuerdo da libertad de voto a ambos partidos sobre cuestiones sin consenso y plantea equipos de coordinación para evitar que se den situaciones de deslealtad por parte de ambos.