El nuevo artículo que se introduce establece que las posibles "causas civiles y penales" que pudieran entablarse contra el rey después de su abdicación se dirimirán en el Tribunal Supremo, "atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el Rey de España, así como al tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado".
Asimismo, indica que, "similares razones", concurren en la necesidad de dotar de idéntico aforamiento ante el Tribunal Supremo a la reina consorte o al consorte de la reina, a la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, así como al consorte del rey o de la Reina que hubiere abdicado.
El Pleno del Senado aprobó de manera definitiva el jueves el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la reforma de la ley del Poder Judicial que permite el aforamiento del rey Juan Carlos I y parte de la familia real, para que sólo puedan ser enjuiciados por el Tribunal Supremo (TS), y que fue tramitada por el procedimiento de urgencia.
La votación final se resolvió con 150 votos a favor, del PP, UPN y Foro. El PSOE, CiU, PSC y CC optaron por la abstención, un total de 74, y el resto de partidos votaron en contra, como en ocasiones anteriores. De este modo, la ley quedó aprobada de manera definitiva por la Cámara Alta.