Ante el 29N
La Abogacía del Estado advierte de que el adelanto electoral hace "imposible" aplicar las cautelares del Supremo sobre la 'ley de nietos'
Los detalles En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, los servicios jurídicos del Estado advierten además de que mantener las cautelares en las actuales condiciones puede generar "indefensión de terceros".
La Abogacía del Estado advierte de que el adelanto electoral hace "imposible" aplicar las cautelares del Supremo sobre la 'ley de nietos'Resumen IA supervisado
El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre ha complicado el conflicto judicial sobre el voto de los nacionalizados mediante la 'ley de nietos'. La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que levante las medidas cautelares que afectan a estos votantes, argumentando que el nuevo calendario electoral hace imposible ejecutar la resolución en el tiempo disponible. El censo electoral se cerró el 1 de agosto, y revisar los expedientes afectados no es viable. Unos 168.896 nuevos electores están en el centro del conflicto, ya que adquirieron la nacionalidad bajo una instrucción de 2022. Vox busca impedir el voto de estos nacionalizados, lo que el Gobierno considera contrario a la evolución legislativa que reconoce derechos a descendientes de exiliados.
* Resumen supervisado por periodistas.
El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre ha complicado todavía más el conflicto judicial sobre el voto de los nacionalizados a través de la denominada 'ley de nietos'. La Abogacía del Estado, que representa al Gobierno, ha vuelto a pedir al Tribunal Supremo que levante las medidas cautelares que afectan a estos electores y sostiene que, con el nuevo calendario electoral, resulta materialmente imposible ejecutar la resolución del Alto Tribunal en el plazo disponible.
En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, los servicios jurídicos del Estado advierten además de que mantener las cautelares en las actuales condiciones puede generar "indefensión de terceros": españoles que ya tienen reconocida la nacionalidad y que podrían ver suspendido su derecho al voto sin haber sido llamados al procedimiento.
El problema se encuentra ahora con un calendario especialmente ajustado. El censo electoral que se utilizará para las elecciones del 29 de noviembre quedó cerrado el 1 de agosto, antes de que el Supremo acordara las medidas cautelares. La Abogacía del Estado sostiene que revisar ahora, uno por uno, los expedientes afectados para determinar quién puede votar y quién no no es viable en el tiempo disponible.
Una de las cifras clave de este conflicto son los 168.896 nuevos electores que, según los datos aportados por la Administración, habían adquirido la nacionalidad y estaban inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a través de la vía cuya aplicación ha puesto en cuestión el Supremo. Se trata de personas a las que se aplicó la presunción de condición de exiliado prevista en una instrucción de 2022.
La Abogacía sostiene que no existe una herramienta que permita identificar automáticamente qué personas concretas están afectadas por la cautelar. Para hacerlo sería necesario revisar los expedientes de nacionalidad y cruzar esa información con los registros consulares y el censo electoral. Y el problema no afecta únicamente al volumen de expedientes. Parte de la documentación puede encontrarse en un consulado diferente de aquel en el que actualmente reside y está inscrito el elector, lo que obliga a realizar comprobaciones entre distintas oficinas consulares.
Sobre el objetivo de Vox
El escrito también entra de lleno en el origen de la batalla judicial. La Abogacía del Estado sostiene que las nuevas pretensiones de Vox, que reclama medidas para impedir el voto de los nacionalizados por esta vía, revelan, a su juicio, que el "verdadero objetivo" del partido es que se elimine el derecho de voto de los españoles procedentes del exilio exterior.
El Gobierno considera que esta pretensión chocaría con la evolución legislativa de las últimas décadas y con la voluntad del legislador desde 2007 de reconocer derechos a los descendientes de españoles que tuvieron que abandonar el país.
La acusación llega después de que Vox e Iustitia Europa recurrieran ante el Supremo las nuevas inscripciones en el censo exterior y reclamaran que se garantice el cumplimiento de la suspensión cautelar acordada por el tribunal.