Los altercados se producen después de que un hombre de origen venezolano asesinase brutalmente a su novia en Ecuador. La mujer, madre de dos menores de edad, estaba embarazada.
El nerviosismo en la comunidad venezolana se incrementó ante rumores, ya desmentidos por la Policía, sobre la presunta muerte de cuatro ciudadanos de ese país en Ibarra, en el norte del país.
Aunque la policía aseguró que "no existen ciudadanos venezolanos fallecidos o heridos producto de altercados", el presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, Eduardo Febres Cordero, sí que ha denunciado que 82 compatriotas suyos han sido víctimas de agresiones xenófobas en distintas ciudades de Ecuador. El asesinato a cuchilladas de una mujer, ante varios agentes de la policía, provocó el rechazo de un grupo de ciudadanos a la presencia de venezolanos en Ibarra. Un repudio que, según Febres Cordero, se repitió en otras ciudades.
El Gobierno quiere reforzar el control de inmigrantes venezolanos
Mientras que las autoridades pedían mesura y no caer en generalizaciones, la incertidumbre sobre la situación de los venezolanos se acentuó ante la decisión del Ejecutivo de exigirles a partir de ahora un certificado apostillado de antecedentes penales. Una demanda que es "casi imposible" de tramitar en Venezuela, pues podrían esperar "no menos de seis meses" en su país para obtener el documento, según el presidente de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador, Daniel Regalado.
El activista mostró su preocupación por la situación "de embudo" que se va a formar en la frontera con Colombia, porque quienes llegan a Ecuador para establecerse, o en tránsito, "no van a tener la posibilidad" de obtener el certificado.
Al anunciar este nuevo requisito, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, alertó contra las generalizaciones por el hecho de que el agresor sea extranjero y solicitó a sus conciudadanos actuar con los demás como quisieran que actúen con ellos. Pero apuntó que Ecuador tampoco puede cerrar los ojos a la preocupación por la inseguridad. "Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del Gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir", dijo. Por su parte, el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, acusó al presidente de Venezuela de enviar a Ecuador "a personas que tiene detenidas en sus cárceles".
Ante el asesinato machista, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la formación de brigadas para controlar la situación legal de los venezolanos y subrayó: "Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie". Unas declaraciones que han echado más leña al fuego y han arrastrado una ola de críticas en Ecuador, donde viven 250.000 venezolanos.
La Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador ha expresado su temor de que las reacciones del Gobierno ante recientes hechos de violencia machista, entre ellos el asesinato de Ibarra, puedan fomentar la xenofobia.
La agrupación indígena, la mayor de Ecuador, sostiene que la violencia contra la mujer en el país es un fenómeno social "en aumento, ya que lo sostiene una estructura patriarcal, que no conoce de fronteras y de naciones". Y en ese sentido, expresó su preocupación por "que el Gobierno Nacional emita pronunciamientos que fomentan la xenofobia y alimenten posiciones que provocan más violencia".
Para el líder de la oposición, Guillermo Lasso, las declaraciones de Moreno "tienen un tinte de xenofobia, similares a las del presidente Trump respecto a los migrantes en USA".