Miles de personas han salido a la calle en Estados Unidos en más de 660 marchas simultáneas en defensa del aborto y para exigir la libertad reproductiva de las mujeres, especialmente en Texas, donde recientemente se ha aprobado la 'ley del latido', que prohíbe abortar a partir de la sexta semana de gestación, sin excepciones para los casos de incesto o violación.

El veto de Texas, que prohíbe el aborto cuando muchas mujeres todavía ni saben que están embarazadas, es el más restrictivo de los 90 que han entrado en vigor este año en territorios de todo el país, impulsados por líderes conservadores en congresos estatales.

El Gobierno de Biden planta cara a Texas por su veto al aborto

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, plantó cara en un tribunal este viernes a las autoridades de Texas, en un intento de frenar la aplicación de una ley que prohíbe prácticamente todos los abortos en ese Estado.

La audiencia judicial de más de tres horas supuso el primer pulso entre el Departamento de Justicia de EEUU y las autoridades de Texas desde que entró en vigor ese veto casi total al aborto, que no contiene excepciones para los casos de incesto o violación, en el segundo estado más poblado del país.

El juez federal que lleva el caso, Robert Pitman, estudió durante la sesión la petición del Gobierno de Biden de suspender de forma preliminar la implementación de la ley, que entró en vigor hace justo un mes, y por la que el Departamento de Justicia ha demandado a Texas.

Aunque Pitman no anunció ninguna decisión durante la audiencia y dijo que seguiría estudiando el tema, sus preguntas en la sesión dejaron clara su estupefacción ante el mecanismo diseñado por Texas para hacer cumplir la ley, basado en demandas presentadas por ciudadanos particulares. "Si el estado tiene tanta confianza (como dice) en que limitar el acceso de una mujer al aborto es constitucional, ¿entonces por qué se ha tomado todo el trabajo de crear este (mecanismo) de actuación tan poco habitual?", preguntó Pitman, magistrado en una corte federal en Austin (Texas).

El fiscal de Texas encargado de defender el caso, Will Thompson, respondió que, en su opinión, el mecanismo no es tan extraordinario y que no es cierto que el estado haya recurrido a ideas "poco habituales" para conseguir que la medida saliera adelante.

La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares a cada demandante si gana el juicio.

Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en esos ciudadanos particulares, y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto. Fue ese vacío legal el que permitió que la ley entrara en vigor hace un mes con el beneplácito del Tribunal Supremo, a pesar de que contradice expresamente la decisión judicial de 1973 que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, conocida como 'Roe versus Wade'.

"Ningún estado puede prohibir los abortos a las seis semanas. Texas sabía esto, pero igualmente quería un veto de seis semanas, así que recurrió a un plan sin precedentes apoyado en justicieros", afirmó el representante del Departamento de Justicia en el caso, Brian Netter. Ese sistema, añadió, está "diseñado para asustar a los prestadores de servicios de interrupción de embarazos que podrían ayudar a las mujeres a ejercer sus derechos constitucionales".

Cientos de kilómetros para poder abortar

La prohibición ha forzado a muchas mujeres a recorrer cientos de kilómetros para intentar abortar en estados vecinos. En este sentido, las clínicas de la organización Planned Parenthood, en Oklahoma, han recibido un 133% más de pacientes de Texas en el último mes, y las de Nuevo México, un 67% más.

Sin embargo, la mayoría de las mujeres que intentan interrumpir voluntariamente su embarazo cada año en Estados Unidos son pobres, de acuerdo con el centro de estudios Guttmacher Institute, y para muchas de ellas no es una opción desplazarse a otro estado para poder acceder a un aborto.

Si el juez Pitman aceptara la petición del Departamento de Justicia y frenara de forma preliminar la aplicación de la ley, las clínicas de Texas podrían volver a practicar temporalmente abortos después de las seis semanas de gestación. No obstante, el estado de Texas apelaría seguramente la decisión y llevaría el caso a la corte de apelaciones del Quinto Circuito, una de las más conservadoras del país.

La mitad de las mujeres jóvenes de EEUU, en riesgo de perder acceso al aborto

Alrededor de la mitad de las mujeres en edad reproductiva de Estados Unidos, unos 36 millones, se quedarían sin acceso al aborto en su estado si el Tribunal Supremo deroga la decisión que legalizó esa práctica, según un informe presentado este viernes.

El informe de Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud sexual y reproductiva de Estados Unidos, se publicó en medio de un debate nacional sobre la ley que entró en vigor hace justo un mes en Texas y que prohíbe prácticamente todos los abortos en ese estado, sin excepciones para los casos de incesto o violación.

Organizaciones como Planned Parenthood están preocupadas por la posibilidad de que el Tribunal Supremo decida anular el año que viene la decisión conocida como 'Roe versus Wade', que legalizó el aborto en todo el país en 1973. La máxima instancia judicial abrirá la puerta a esa posibilidad el próximo 1 de diciembre, cuando escuche argumentos sobre una ley de Misisipi que prohíbe el aborto en ese estado a partir de las 15 semanas de gestación, y decidirá sobre el tema antes de julio de 2022.

Si derogara 'Roe versus Wade', cada territorio de EEUU sería libre de prohibir o permitir el aborto a su antojo, y se espera que, en ese caso, más de la mitad de los estados del país tomen medidas para vetarlo. "Este es un momento existencial para la libertad reproductiva", dijo la presidenta de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, en una rueda de prensa telefónica.

De acuerdo al informe de Planned Parenthood, hay 26 estados que han dado señales de que prohibirían el aborto si el Supremo acaba con la decisión de 1973, la mayoría de ellos liderados por políticos conservadores. En esos estados viven 36 millones de mujeres de entre 18 y 49 años, de acuerdo con datos oficiales de 2019 de la encuesta comunitaria estadounidense anual de la Oficina del Censo.

Esos datos solo distinguen entre "hombres y mujeres" y no incluyen por tanto a hombres trans y personas de género no binario "que pueden quedarse embarazadas, lo que significa que el impacto real es aún mayor", matizó McGill Johnson.