El presidente boliviano, Evo Morales, decretó el pasado 29 de diciembre la expropiación de las distribuidoras de energía Electropaz y Elfeo, la firma de servicios Edeser y la Compañía Administradora de Empresas Bolivia.
Este decreto recogía la obligación de compensar a la eléctrica por la nacionalización, de acuerdo a la valoración realizada por una consultora independiente designada por la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que desde entonces controla las filiales.
Hasta la fecha, Iberdrola no ha hecho pública ninguna valoración y se ha limitado a apuntar que el negocio en Bolivia suponía alrededor del 0,2 % del total y que espera recibir un "precio justo" por las filiales. El Gobierno boliviano anunció a principios de esta semana que espera reunirse con responsables de Iberdrola el 21 de enero.