Los sindicatos son tajantes y aseguran que no han cobrado un céntimo procedente de la trama de los ERE y desconocen de dónde se ha sacado la jueza los 4,3 millones de euros que señala en su auto.
UGT se desmarca, además, de las actividades de Juan Lanzas e insisten en que, desde 2002, el conseguidor no forma parte del sindicato. Piden que se clarifique el caso y que se devuelva todo el dinero defraudado.
El PP centra sus acusaciones en José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta de Andalucía, del que pide su comparecencia y la de su antecesor, Manuel Chaves, en el Congreso.
Poco a poco, se van conociendo más detalles de la investigación y la jueza calcula que, durante casi 10 años, se defraudaron 136 millones de euros, 50 de ellos en sobrecomisiones, casi 74 en ayudas a empresas y más de 12 millones destinados a 126 falsos prejubilados.
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