España sigue siendo un país de propietarios, pero un poquito menos. Esa nación de patrimonio repartido ha quedado interrumpida al menos por una generación de eternos inquilinos que no ven el momento de tener una vivienda en propiedad. La edad de adquisición de la vivienda se ha retrasado en los últimos años: mientras que en 2002 solo el 13% de las personas era inquilina, en 2020 esta cifra ascendía al 38%.

Son datos del informeVivienda para vivir: de mercancía a derecho, de Future Policy Lab, un think tank o centro de pensamiento formado por investigadores de diferentes disciplinas que ha elaborado un amplio análisis sobre el sector. Un informe que denuncia cómo "40 años de políticas frustradas" han creado un escenario de "polarización" de la propiedad residencial y que muestran, entre otros, cómo ha crecido la proporción de personas que no son propietarias de sus viviendas.

Algunos de estos inquilinos, como Fernando y Carolina, están cerca de soplar ya las 40 velas. Salvo que cambie mucho el cuento, lo harán en su piso de Getafe (16 kilómetros al sur de Madrid), un apartamento de una habitación propiedad delfondo buitre Fiderey por el que pagan 640 euros al mes.

"Empecé a vivir ahí porque era el único piso en condiciones que podía permitirme, pero no porque quisiera vivir en Getafe", afirma Fernando, informático de profesión. Su caso es un ejemplo más como el de tantos jóvenes (y no tan jóvenes ya) que han tenido queabandonar la capital para mudarse a otro municipio con precios más baratos, en este caso. Y otro ejemplo más, también, de inquilinos que ven imposible comprar una vivienda a corto plazo.

Según el informe citado, hace veinte años hubiese sido mucho más probable que, a sus 38, esta pareja hubiese tenido ya su casa en propiedad.

Este fenómeno se ha dado en todos los tramos de edad. Incluso entre los mayores de 48 años, sólo alcanzan la propiedad el 75%. Pero, ante todo, esta limitación se da en los jóvenes. En 2020, el 57% de entre 28 y 33 era inquilino, mientras que en 2002 era menos de la mitad. Jóvenes como Alberto, que con 28 años y con un trabajo fijo en la administración pública comparte piso, no busca por ahora ser propietario porque lo ve imposible en Madrid: "Yo no tengo tantos ahorros para la entrada y mis padres no son ricos. Ahorro poquito". Paga 400 euros, al igual que sus dos compañeros de piso, por una vivienda en el distrito de Arganzuela de Madrid. Mientras, ve cómo algunos de sus amigos de Valencia, su ciudad de origen, ya están pasando a ser compradores, por lo que no descarta irse en un futuro.

Este estudio desvela que España es también un poquito más un país de arrendadores. El informe destaca también cómo ha aumentado la proporción de arrendadores ha pasado del 2,5% en 2008 a casi el 7% en 2020: casi el triple en doce años.

Aunque tiene trabajo fijo, Fernando asegura que no ha podido "empezar a ahorrar hasta hace poco" como para afrontar la entrada de una hipoteca. Carolina, su pareja, tiene un empleo más inestable; encadena contratos temporales como trabajadora social, por lo que se ve aún más expulsada del mercado de la vivienda, así que de momento no se ven como propietarios: "Hasta que no bajen de precio, lo tengo aparcado", dice Fernando, "me niego, hay mucha especulación", añade Carolina.

Ellos han visto como antiguos vecinos han tenido que irse por no poder afrontar las fuertes subidas impuestas por esta filial de la inmobiliaria Blackstone. En internet todavía se anuncian pisos en alquiler de su misma urbanización de dos dormitorios por 965 euros. Una promoción urbanística que nació como vivienda de protección pública.

Arrendadores más ricos

Pero si España está polarizada lo está con todo, renta incluida. El informe de Future Policy Lab se aprecia que los hogares inquilinos no solo son mucho más jóvenes que los de propietarios, sino que además ganan bastante menos. La renta mediana por hogar de los arrendadores es 2,7 veces la de los que viven de alquiler, con 76.504 euros, frente a los 27.984 euros de los hogares inquilinos.

Entre medias se encuentran los 37.500 euros de los propietarios de vivienda libre y los 35.511 euros de los hogares con Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Desmercantilizar la vivienda

Más allá del diagnóstico, el informe presenta un amplio listado de soluciones para reforzar el derecho a una vivienda digna a corto y largo plazo que buscan un objetivo común: hacer real la vivienda como un derecho básico. Para ello, usan el concepto anglosajón Housing First, un modelo procedente de norte de Europa, principalmente Finlandia, que trata de dar respuesta al sinhogarismo.

"Si no podemos cubrir el derecho a la vivienda no podemos garantizar otros derechos básicos", apunta Irene Lebrusán, doctora en sociología y coautora del informe. Este grupo de investigadores, procedentes de diferentes disciplinas, piden directamente de una "desmercantilización" de la vivienda, algo que no solo ven posible, sino "necesario", según esta socióloga.

Entre sus medidas propuestas está la limitación del precio del alquiler que, aunque ha recibido muchas críticas, según Lebrusán no se puede decir que no funciona porque solo se ha llevado a cabo en Barcelona y en "un periodo muy corto de tiempo": "La politización de la medida es lo que nos ha llevado a sacar conclusiones sesgadas, cuando sí tiene efectos positivos", añade.

Si no podemos cubrir el derecho a la vivienda no podemos garantizar otros derechos básicos"

Irene Lebrusán, socióloga investigadora sobre vivienda

El informe se ha presentado este jueves en Madrid, en un acto en el que ha participado la ministra de Transportes, Movilidad y A. Urbana, Raquel Sánchez, además de otros expertos en la materia. Una oportunidad para plantear que la promesa de lacontrucción de 20.000 viviendas públicas con las que salió Pedro Sánchez a un mes de las elecciones no es la panacea para resolver el problema de la vivienda: "Construir nos llevó a la gran crisis, el problema es cuando se ubica donde no hay demanda o con viviendas de lujo, como se está construyendo en Madrid", apunta. El informe plantea un objetivo claro a este respecto y es que, para 2030 el 30% de las nuevas promociones de vivienda residencial se destinen a vivienda social.

Aun así, esta profesora de la Universidad Carlos III reconoce lo positivo de tener una ley de vivienda: "Es un cambio de marco conceptual", pequeños pasos para alcanzar ese derecho básico.

Entre la batería de medidas propuestas a corto plazo está también la implementación de bolsas públicas de vivienda, la rehabilitación energética del parque de vivienda, la subida del IBI para viviendas no principales, el reconocimiento del sindicalismo inquilino o la reestructuración de acceso a la vivienda pública. Además, a largo plazo el informe plantea el desarrollo de nuevos tipos de tenencia (como cooperativas de cesión de uso, conocido como cohousing, entre otros modelos), o la reserva de suelo para viviendas en alquiler social y asequible.

Una amplísima batería de medidas ahora que la política está en campaña electoral efectiva y que busca garantizar el acceso a la vivienda por el "bien de todos", en palabras de Labrusán; porque "una sociedad que no puede llegar a fin de mes por la vivienda es una sociedad que no puede sobrevivir", sentencia.

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