La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que tiene previsto aprobar lo antes posible un paquete de medidas fiscales para que las grandes empresas contribuyan más, que incluirán un tipo mínimo en el impuesto de sociedades, una nueva tasa tecnológica y una fiscalidad "verde".
"La reforma del impuesto de sociedades con el objetivo de que las grandes sociedades contribuyan mejor y realicen un esfuerzo superior no va a afectar ni a las pymes ni a las empresas medianas", ha aclarado Montero.
Durante su primera comparecencia en el Congreso, ha explicado que algunas medidas irán en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, en tanto que las figuras de nueva creación tendrán que tramitarse en un proyecto de ley específico, pero con la idea de que todas ellas puedan estar en vigor el año que viene.
La ministra ha insistido en que se trata de una aproximación a la fiscalidad del siglo XXI y de medidas destinadas a elevar los ingresos públicos aportados por las grandes compañías, sin que en ningún caso se vayan a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras.
Para más adelante ha dejado la posibilidad de establecer una nueva figura fiscal sobre el sector bancario "en línea con las tendencias europeas", así como una reforma en profundidad del conjunto del sistema tributario español lo que ha considerado una tarea para toda una legislatura.
Respecto a los cambios en el impuesto de sociedades, ha explicado que se trata de ensanchar las bases imponibles y de acercar el tipo teórico del 25 % al tipo real que efectivamente se paga, después de que la semana pasada avanzara que consistiría en el establecimiento de un tipo mínimo del 15 % a partir del cual no se podrá aplicar deducciones.
El nuevo impuesto sobre determinados servicios será un tributo indirecto que recaerá sobre las nuevas áreas de actividad relacionadas con el sector tecnológico.
Este tributo gravará cuestiones como los ingresos procedentes de la venta de espacios de publicidad en internet o la facturación de las plataformas digitales que sirven de intermediación con usuarios en la venta de bienes y servicios.
En cuanto a la fiscalidad verde ha subrayado que no tiene afán recaudatorio, sino la misión de cambiar hábitos y dinámicas que impactan negativamente en el medio ambiente.
Montero ha añadido que no afectará a autónomos y profesionales, en alusión implícita a la posible subida de la imposición sobre el gasóleo para equipararla a la de la gasolina.
Sobre la lucha contra el fraude ha avanzado que se aprobará una modificación de la Ley General Tributaria para que en la lista pública de deudores que deben más de un millón de euros a Hacienda aparezcan también los responsables solidarios.
Además, ha anunciado que prepara una nueva ley encaminada a perseguir a los grandes defraudadores, que actualizará la lista de paraísos fiscales e incluirá medidas que atajen las planificaciones fiscales abusivas de las grandes empresas y multinacionales para garantizar que tributan allí donde generan valor.
Con vista a los presupuestos de 2019 Montero ha confirmado que en la próximas semanas se aprobará un techo de gasto que será superior al de 2018, porque "no hay otra" que reforzar los servicios públicos con un mayor gasto.
Ha añadido que se está trabajando "intensamente" en una nueva senda de estabilidad presupuestaria que están dialogando con Bruselas para pactar unos objetivos menos "encorsetados" que no lastren el crecimiento económico, aunque sin la intención por parte del Gobierno de ser "insumiso" respecto a la corrección el déficit.
Asimismo, Hacienda planea una revisión del sistema fiscal desde una perspectiva de género para detectar y corregir impactos negativos sobre las mujeres, con la idea por ejemplo de rebajar el IVA a los productos de higiene íntima femenina gravados al tipo general del 21 %.
Montero ha dicho, en este sentido, que se abordará la llamada "tasa rosa" para que "las empresas dejen de penalizar a las mujeres cobrándoles un plus por el hecho de ser mujeres".
La ministra ha manifestado su compromiso por combatir la desigualdad desde una fiscalidad que incentive la contratación de mujeres y facilite que lleguen a los puestos de dirección de las compañías, para que no se vean abocadas a "empleos más precarios, salarios más bajos y a renunciar a cualquier intento de conciliar la vida familiar".
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