El Estado y Bankiaasumirán un coste de 600 millones de euros como indemnización a los inversores por la oferta pública de venta.

De esta cantidad, el Estado afrontaría unos 372 millones derivados de su participación del 100% en el holding BFA, que controla actualmente el 62,5% del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri.

El 37,5% restante -alrededor de 228 millones de euros- deberá ser sufragado por Bankia, cantidad que lleva implícita una contribución indirecta del Estado al ser accionista mayoritario de la entidad.

En total, se baraja una cifra tope de unos 600 millones de euros para afrontar posibles litigios, que pueden multiplicarse después de que el informe de los peritos detectara irregularidades contables en la salida a Bolsa de la entidad.