El ERE pactado en la empresa de tecnología INDRA, que se saldó con 1.750 despidos de los que destaca un gran porcentaje de prejubilados, es el último caso de la tendencia cada vez más general de las empresas, a las que sale más rentable pagar la sanción que los salarios de los empleados. El Gobierno de Rajoy se comprometió, en 2013, a luchar contra la fórmula.
La ministra de Empleo Fátima Báñez aseguró entonces que "por la puerta de atrás se está permitiendo que algunos se jubilen antes de otra manera". Los datos indican que la jubilación anticipada ha subido de un 38% a un 44 en apenas dos años, un incremento provocado por la escasez de medidas en contra de los ERE.
Los datos refuerzan la teoría de que la "puerta de atrás" de Báñez sigue estando abierta. Cuatro de cada diez personas que se jubilan lo hacen de forma anticipada, crifras que provocan que la edad media de jubilación esté disminuyendo. En el sector público, la tendencia es cada vez más aceptada por los funcionarios, a los que se suman los trabajadores de grandes empresas a un ritmo alarmante.
