Sanción grave
Consumo multa con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar alojamientos turísticos sin licencia
Consumo ha identificado infracciones en más de 65.000 anuncios de la plataforma. La resolución del Ministerio implica otras dos sanciones que obligan a Airbnb a rectificar los incumplimientos y a hacer pública la multa.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con más de 64 millones de euros a Airbnb, plataforma de alquiler de alojamientos turísticos, por publicar anuncios de viviendas sin licencia. La cartera dirigida por Pablo Bustinduy ha explicado que la resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados y a hacer pública la multa impuesta.
Consumo ha identificado un total de 65.122 anuncios con infracciones, entre ellas prácticas comerciales desleales —publicar viviendas sin licencia, con un número de licencia o registro "que no se corresponde con la numeración utilizada por los registros" o sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones—, incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia, obstrucción o negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección e incumplimiento de los deberes y prohibiciones con el fin de evitar la producción o continuación de riesgos o lesiones para los consumidores.
La primera de las infracciones, considerada grave, supone una multa de 64.055.311 euros, una cuantía equivalente a "seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados" hasta su retirada de la plataforma.
La cartera ha señalado que también mantiene en curso varios expedientes sancionadores a agencias inmobiliarias, por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. "Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda", ha asegurado el ministro de Consumo, señalando a "unos pocos" que "se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares. "Ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley", ha señalado Bustinduy.
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