Magdalena Álvarez tendrá que hacer frente a una fianza de casi 30 millones de euros por crear un sistema ilegal de concesión de ayudas ideado para evitar los controles, según la jueza.
Alaya pone el foco en los tres úlitmos años de Álvarez al frente de la Hacienda andaluza, entre 2001 y 2003. Sostiene que ella y dos de sus ayudantes "(...) serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración Autonómica desde el año 2000 y que perdurarían hasta el año 2011".
Según fuentes de la investigación de los ERE que citan varios medios, la juez ha calculado "grosso modo" la cifra millonaria, pero acusa a la exministra de prevaricación y malversación de caudales públicos.
La actitud colaboradora de Magdalena Álvarez no ha servido para convencer de su inocencia a la magistrada. Tampoco haber negado repetidas veces que jamás tuvo conocimiento de las advertencias de la Intervención general de la junta andaluza sobre el sistema de los ERE.
Llama la atención que la fianza de casi 30 millones, que tiene que pagar en un plazo de 24 horas, la coloque al nivel de grandes delincuentes ya históricos como Díaz Ferrán o Luis Bárcenas.