PARA RECAUDAR 43.260 MILLONES DE EUROS EN DIEZ AÑOS
La patronal de las constructoras propone el pago de unos 111 euros anuales por conductor para garantizar el mantenimiento de la red de carreteras
En diciembre de 2026 finalizan diez contratos de concesión de autovías adjudicados en 2007.
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La financiación de las carreteras vuelve al centro del debate. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras en España (Seopan) ha planteado abiertamente cambiar el modelo actual y apostar por el pago por uso como vía para garantizar el mantenimiento de la red sin subir impuestos ni restar recursos a otros servicios públicos.
La propuesta llega acompañada de números concretos. Según la patronal de las constructoras , un sistema de tarificación por distancia supondría un coste medio de unos 111 euros anuales por conductor y permitiría recaudar hasta 43.260 millones de euros en diez años.
Ese volumen de ingresos serviría para financiar la conservación de las carreteras, impulsar la transición ecológica y avanzar en la digitalización, además de generar unos 4.100 millones de euros en 2.680 municipios.
El calendario también aprieta. En diciembre de 2026 finalizan diez contratos de concesión de autovías adjudicados en 2007. A partir de ese momento, la Administración tendrá que hacerse cargo del mantenimiento de 993 kilómetros, con un coste medio estimado de 80.000 euros por kilómetro, lo que incrementa la presión sobre las cuentas públicas.
Desde el sector advierten de que el modelo concesional atraviesa horas bajas. En 2025 apenas se licitaron 2.218 millones de euros en concesiones de obra, lo que representa solo el 1,9 % del total de la licitación pública.
La caída viene de lejos: desde la aprobación de la Ley de Desindexación en 2015, este tipo de contratos se ha desplomado un 84 %, y cerca de uno de cada cinco (19,2 %) acaba quedando desierto, desistido o renunciado.
La falta de inversión es otra de las preocupaciones. La patronal considera alarmante que en 2024 se destinara apenas el 52 % de los recursos que se invertían en 2009. Sectores especialmente sensibles, como el transporte, el abastecimiento de agua o la gestión de aguas residuales, han reducido su peso en el gasto público total del 3,9 % en 2008 al 1,7 % en 2024.
En paralelo, Seopan ha remitido al Gobierno una propuesta de reforma de la normativa de contratación pública con un enfoque técnico y vocación de estabilidad. El objetivo es reforzar la seguridad jurídica y reducir la litigiosidad, algo que beneficiaría tanto a las administraciones como a las empresas. .
El presidente de la patronal, Julián Núñez, defiende que es el momento de pasar de una etapa de “infrafinanciación” a otra de impulso inversor, apoyada en una colaboración más estrecha entre el sector público y el privado.
También reclama una actualización de la Ley de Contratos para mejorar su aplicación práctica y garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos.
A todo ello se suma la incertidumbre económica. La organización advierte del impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la inflación, con previsiones de entre el 3,2 % y el 3,6 % en 2026.
Por ello, propone recuperar y adaptar los mecanismos de revisión excepcional de precios aprobados en 2022, incorporando la energía y la mano de obra como elementos revisables y eliminando los límites actuales.
En último término, Seopan insiste en que la normativa de desindexación no debería aplicarse a los contratos públicos y aboga por un nuevo marco legal que permita reactivar de forma efectiva la colaboración público-privada, hoy prácticamente paralizada.
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