En 1946 el Franquismo aprobó su ley hipotecaria y en su reglamento se decía que tratándose de bienes de la iglesia para registrarlos basta con que el certificado sea expedido por los diocesanos respectivos, es decir, bastaba con que el obispo diera su bendición. El dictador murió, pero su ley siguió viva. Aunque en España mandaban otros, en las inmatriculaciones mandaba la iglesia.
Según la fe cristiana, dios está en todas partes, como las inmatriculaciones: un buen ejemplo un pequeña Villa de Guipúzcoa, Escoriaza. Allí se han hecho entre 42 y 44 incluyendo un parque infantil pagado por el Ayuntamiento. La iglesia siempre utiliza la misma fórmula: no presenta papeles, dios provee. Después el negocio manda: "Luego venden a precio del mercado así que un negocio redondo".
Alfonso Carrasco, obispo de Lugo y sobrino de Rouco Varela quiso vender un campo de Ribadulla en el año 2008 que aún estaba sin inmatricular: los vecinos, la mayoría de ellos ancianos, se lo impidieron y registraron el campo a su nombre y entonces el obispado decidió dejarles sin misa y además los denunció. Hoy la lucha por la titularidad de ese campo sigue en los juzgados.
La iglesia católica consiguió inmatricularse por 30 euros la Mezquita-Catedral de Córdoba por 30 euros. Todo fue posible gracias a la modificación de la ley hipotecaria de Aznar, que permitió que la iglesia pudiera inmatricular también los templos de culto.
Con amenazas y engaños a mayores: así se apropió la iglesia del cementerio de La Palma, en Cartagena
Durante años, las familias de La Palma, en Cartagena, compraron su panteón, nicho o tumba, así que los vecinos eran los propietarios del cementerio. La iglesia en 2010 decidió reordenar el cementerio y, bajo engaños y amenzas, cedieron la propiedad de las tumbas al obispado: cuando consiguieron casi todas las firmas de los vecinos inmatricularon el cementerio.
El secreto inmobiliario de la iglesia católica permanece en la sombra y ni siquiera ellos saben con exactitud cuántos bienes se han inmatriculado. Algunas voces apuntan a 30.000 o 40.000 aunque hay asociaciones que creen que puede haber más. En Navarra, por ejemplo, han contado más de 1.000 en los últimos 20 años, y en Burgos, cerca de 3.000.