En 1946 el Franquismo aprobó su ley hipotecaria y en su reglamento se decía que tratándose de bienes de la iglesia para registrarlos basta con que el certificado sea expedido por los diocesanos respectivos, es decir, bastaba con que el obispo diera su bendición. El dictador murió, pero su ley siguió viva. Aunque en España mandaban otros, en las inmatriculaciones mandaba la iglesia.