Cuando Ignacio González tomó el relevo de Esperanza Aguirre en la Comunidad, las cuentas de Telemadrid ya hacían aguas. Una televisión pública, autonómica, que en su momento pagó 120.000 euros anuales al director de informativos. Una televisión pública, autonómica que ya con perdidas contrató junto con Caja Madrid, los derechos de emisión de futbol por 270 millones de euros.
La misma televisión pública y autonómica que despidió a 861 personas porque no había dinero para pagarles. Lo hizo un 12 de enero del 2013 mediante una carta certificada y sin previo aviso. El Tribunal Supremo respalda al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, les da la razón pero no del todo. Salvador Victoria, consejero de presidencia de la Cominunidad, valoraba así la sentencia del supremo, "con este fallo del Tribunal Superior, Telemadrid continuará sus emisiones sin readmitir ningún trabajador despedido".
Los trabajadores pedían un despido nulo, que implicaría la readmisión. Un tira y afloja político que el presidente de la Comunidad de Madrid amenazaba cada dos por tres con eliminar un servicio público. "Hay que conseguir que se equilibren los ingresos y los gastos y si no, no se podrá mantener el sevicio" dice Ignacio González.
Mientras, los trabajadores con huelgas intermitentes y emisiones parcialmente interrumpidas, le plantaban cara. Esta sentencia podría suponer que Telemadrid siga emitiendo, eso sí, con gran parte del servicio externalizado o lo que es lo mismo, privatizado.
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