Francisco Lama declaraba que "esta medida va a provocar un coste a los ciudadanos de a pie", mientras que Javier Hernández, portavoz de Justicia de CCOO, cree que "se pretende que el ciudadano acuda a un negocio privado".
A los registradores ya les han informado de sus nuevas funciones, pero el Ministerio niega haber tomado una decisión y asegura que los trámites seguirán siendo gratuitos.
Ahora no se paga nada y la gente teme que esto cambie. Los sindicatos califican el hecho de privatización y denuncian que este traspaso pone en peligro a más de 3500 empleados.
Los trabajadores del registro también se oponen. Desde el próximo mes de julio serán los registradores los máximos responsables. Y eso que según los secretarios judiciales Justicia se lo había ofrecido antes a ellos.
'Jueces para la Democracia' se opone a la privatización. Lamenta que se hayan gastado 128 millones en reformar los registros para luego beneficiar a unos pocos: los registradores de la propiedad.
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