Francisco Castillo es el principal imputado en el 'Caso Alhambra' y se le considera el ideólogo de la trama. Una red que presuntamente estafó 6,6 millones de euros. Ahora se enfrenta a nueve años de cárcel, aunque él considera que su implicación parte de una  falsa denuncia de su propia cuñada, también imputada en el caso Alhambra.

Según él, todo surge tras un negocio familiar que acaba en los juzgados y tal y como afirma Francisco Castillo, "mi cuñada, perjudicada por su propia familia actúa así y la Alhambra se aprovecha". Pero lo cierto es que se le acusa por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad de documento mercantil y daños al patrimonio. A él y a otros 45 imputados en una instrucción que dura ya 9 años.

Ahora se intenta poner en pie cómo ese circuito ilegal de venta de entradas se mantuvo de 2002 a 2005 activo. María del Mar Villafranca, Directora Patronato de La Alhambra, asegura que "el Ayuntamiento de Granada estuvo investigando durante más de cuatro meses". Desde el propio ayuntamiento se critica una grave falta de control que ha dañado la imagen universal de la ciudad y del monumento.

Juan García, Portavoz Ayuntamiento de Granada asegura que "es tan fácil como poner a una persona que recuente a la gente que ha entrado y cuántos han pagado". Pero, de nuevo según Francisco, ese sistema de conteo de entradas era caótico.

Los grupos entraban con un solo ticket en el que se indicaba el número de visitantes, en vez de tener una entrada por persona y eso, asegura, daba grandes márgenes de error en el recuento.

María del Mar Villafranca, declara que "son conductas delictivas que no tienen nada que ver con la gestión de la Alhambra". "Ahora hay avances tecnológicos que impiden que pasen estas cosas", afrimaba. Francisco Castillo, por su parte, se defiende diciendo que lo único que ha hecho ha sido trabajar y que reconocería si hubiera hecho algo ilegal. De momento, seguirá trabajando hasta que un juez dicte lo contrario.