Anualmente, España cuenta con más de 2.000 millones de euros para financiar estos cursos y su gestión ha estado monopolizada por los agentes sociales. Tanto patronal como sindicatos, bien directamente, bien por subcontratas, controlan gran parte de este dinero destinado a la formación.
Un porcentaje procede de Bruselas a través del Fondo Social Europeo, otra del Estado español y una tercera parte de las cuotas que empresas y trabajadores pagan. Ese dinero lo gestiona la Fundación Tripartita que reparte los fondos para cursos. Unos fondos muy apetecibles para el fraude.
Francisco Fernández, exlíder de UGT en Andalucía. Dimitió a finales del año pasado después de que saliese a la luz que el sindicato habría endosado al Gobierno regional decenas de facturas falsas por valor de 2 millones de euros.
Ese dinero nunca se llegó a utilizar en la formación para desempleados, y sí en regalos y convenciones que el sindicato organizó durante los últimos años. Tanto la Audiencia de Sevilla como el propio Gobierno andaluz están investigando un caso que ha hecho temblar los cimientos del sindicato en Andalucía.
José Luis Aneri, era el cabecilla de una trama que habría estafado 16 millones de euros de dinero público por dar cursos online a pesonas que directamente, no existían.
Alfonso Tezanos era hasta hace dos meses el presidente de la Federación de Empresarios de Madrid. Fue detenido y puesto en libertad con cargos junto a otras 9 personas implicadas. Tezanos fue quien puso en contacto a Aneri con el mundo empresarial madrileño. Tras su puesta libertad, la patronal madrileña renegó de él.
Hace un año, la CE inició una investigación por el supuesto fraude cometido en Cataluña también en cursos para desempleados. Bruselas sospecha que puede haber un fraude que alcance los 2 millones de euros procedente del Fondo Social Europeo. Todos estos casos reabren un debate que nunca termina de concretarse. Cambiar un sistema de cursos que nació en 1993 y que en los últimos años ha suscitado dudas por su opacidad y escasa transparencia.