¿Será este otoño?
Prohibir la prostitución sigue siendo una asignatura pendiente en España: ¿por qué no se ha abolido ya?
Las cifras Cinco veces ha llevado el Congreso la abolición y cinco veces ha chocado con el rechazo o la abstención de partidos clave. Mientras tanto, más de 100.000 mujeres siguen atrapadas y una de cada cuatro está en riesgo de ser víctima de trata o explotación sexual.
En España hay casi 115.000 mujeres que se dedican a la prostitución. El 60% de ellas tienen entre 18 y 36 años, y la mitad son de origen latino. Según un reciente estudio del Ministerio de Igualdad, una de cada cuatro está en riesgo de ser víctima de trata o explotación sexual. A pesar de estas cifras, y de que España sigue siendo el país europeo donde más prostitución se consume, el debate político en torno a su abolición sigue estancado.
El Congreso de los Diputados ha debatido ya en cinco ocasiones propuestas para abolir la prostitución. Y lo volverá a hacer este otoño, en medio de la resaca del caso Koldo-Ábalos-Cerdán y con un PSOE debilitado. Pero, ¿por qué no se ha avanzado en esta cuestión? ¿Hay partidos que no quieren realmente acabar con la prostitución?
Un modelo punitivo, sin consenso
La última tentativa fue impulsada por el PSOE hace poco más de un año. Su propuesta incluía penas de cárcel no solo para los proxenetas, sino también para los clientes y hasta para los caseros de los locales donde se ejerce la prostitución. A favor votaron el PSOE, el BNG y Coalición Canaria. En contra, Sumar, ERC, Junts, PNV y EH Bildu.
La clave no estaba en la defensa del proxenetismo —todos los grupos se oponen— sino en el enfoque. Para los partidos que votaron en contra, la propuesta del PSOE no abordaba las causas estructurales de la prostitución ni ofrecía alternativas reales a quienes la ejercen. Alertaban de que una prohibición sin planes integrales de salida solo agravaría la marginalización y la inseguridad de estas mujeres. Y criticaban lo que perciben como una imposición moralista, más centrada en castigar que en ayudar.
Podemos, podía haber votado en contra por sus argumentos, pero se abstuvo. También Vox. Pero por motivos muy distintos. El discurso de Vox comenzó con una condena a la trata, pero terminó derivando en su habitual retórica: vinculó prostitución y migración irregular, pidió cerrar fronteras y cargó contra las ONG que rescatan migrantes. Y el Partido Popular, que dos años antes había apoyado una iniciativa similar, esta vez votó en contra.
¿Habrá ley en otoño?
Desde el último intento no ha cambiado nada. Salvo una cosa: la situación política del PSOE, más débil y más presionado tras los escándalos de corrupción. Y eso no parece que vaya a facilitar el consenso, sino más bien todo lo contrario.
Anunciar una nueva ley contra la prostitución ahora podría interpretarse más como un movimiento electoralista que como un compromiso real. Y volvería a tropezar con los mismos obstáculos: falta de consenso, división entre aliados parlamentarios, y un país que consume prostitución masivamente mientras los políticos siguen debatiendo.