Casi seis después de arrancar una ardua tramitación parlamentaria, el Congreso de los Diputados ha culminado finalmente este jueves la aprobación de la ley de amnistía, con ello se abren las puertas a una nueva era legal, pero también a un complejo proceso judicial. Entre los aplausos que celebraban la aprobación se escucharon dos términos que prometen ser protagonistas en las próximas discusiones legales: cuestión de inconstitucionalidad y cuestión prejudicial europea.
Estos dos términos, aunque similares en su esencia, tienen implicaciones distintas en el contexto legal español. La cuestión de inconstitucionalidad se refiere a cuando un juez considera que una ley va en contra de la Constitución española, mientras que la cuestión prejudicial europea se aplica cuando una normativa contradice al derecho europeo.
Ahora, con la ley de amnistía en vigor, los jueces de diferentes instancias, incluyendo el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, se enfrentan al desafío de aplicarla. Tienen dos meses para estudiarla y determinar si los casos que llegan a sus manos deben ser abortados, considerando que ya no hay delito, o si, por el contrario, ven conflictos con la legislación vigente y deciden elevar la cuestión. Este proceso no será rápido y podría llevar meses, lo que podría dejar en pausa la aplicación de la amnistía.
¿A cuántas personas va a beneficiar?
No hay cifras oficiales. En marzo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, calculó que la ley beneficiará a 372 personas con causas penales, entre ellas el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Sumando a los sancionados en aplicación de la ley de seguridad ciudadana, que podrán recuperar las multas pagadas, Junts estima que serán un millar de personas. ERC ha llegado a hablar de 1.500.
Los dirigentes del 'procés' que estuvieron en prisión condenados por el Supremo y que fueron indultados, como el líder de ERC, Oriol Junqueras, también se beneficiarán de la amnistía, ya que el indulto fue parcial y siguen inhabilitados.
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