Ione Belarra ha insistido en la propuesta de Unidas Podemos sobre la cesta de la compra: buscan el "control de precios" para bajar su precio. "Vamos a seguir insistiendo hasta que obtengamos una respuesta", ha advertido la secretaria general de la formación morada.
Pero, ¿en qué consiste la propuesta de Podemos? Básicamente, sería una intervención del mercado, imponiendo un precio máximo a alimentos básicos como se hizo anteriormente con las mascarillas. Esta intervención no sería pactada con los supermercados, sino impuesta por el Gobierno central.
Aún así, cuentan con un plan B: una bonificación del precio de esos productos de la cesta básica, similar al introducido con los carburantes, hasta igualarlos con los del 20 de febrero de 2022. La contrapartida sería que, para llevarlo a cabo, se precisaría gastar mucho dinero público.
Este dinero se sacaría, según Podemos, de un impuesto a las grandes cadenas de distribución, como el introducido a las energéticas o la banca. Desde la Comisión Nacional de Competencia ya han advertido que estos planes pueden perjudicar al pequeño y mediano comercio.
Podemos asegura a laSexta que, para evitar que sean los damnificados, darían ayudas directas al pequeño comercio, similares a las aprobadas para la hostelería.
En Hungría, Viktor Orbán ha obligado a los supermercados a poner topes a los precios de algunos productos. Primero lo puso al de la leche, la pechuga de pollo, el cerdo, el aceite de girasol y la harina. El precio de esos alimentos no puede superar el que tenían en septiembre de 2021. Más tarde añadió los huevos y las patatas, cuyos precios se han congelado desde octubre de este año. Si no cumplen, se exponen a multas de hasta tres millones de florines e incluso al cierre de su negocio.
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En Francia, por ejemplo, se introdujo una cesta 'low cost' con el Gobierno de Sarkozy, con Macron negociando una cesta de la compra de unos 20 alimentos básicos. Por último, Grecia devuelve el 10% de lo gastado en alimentos a las familias con menos de 24.000 euros de ingresos al año, devolviendo un máximo de 1.000 euros al año. Esta medida se alargará durante los próximos seis meses.