La justicia ha abierto una causa contra un ciudadano español por la compraventa de diamantes procedentes de las minas de Sierra Leona, por presuntos delitos de lesa humanidad y organización criminal. Lo ha hecho el magistrado Alejandro Abascal en la Audiencia Nacional, con la posición a favor de la Fiscalía, a raíz de una querella presentada por Alah Ngekia, un hombre de nacionalidad sierraleonesa que denuncia que fue obligado a trabajar como esclavo durante tres años.

En concreto, la denuncia va dirigida contra Manuel Terrén Parcerisas -actualmente afincado en Brasil-, a quien se acusa de traficar con la venta ilegal de "diamantes de sangre" extraídos por ciudadanos esclavizados en Sierra Leona. Según la querella, tanto Terrén como otros empresarios extranjeros jugaron "un papel clave en el conflicto", pues a través del Grupo Orfund -del que es accionista Terrén- lo "apoyaron significativamente mediante el comercio y la compra de estos valiosos diamantes, permitiendo a las facciones armadas -particularmente el Frente Revolucionario Unido (FRU)- obtener armas y municiones.

En el texto se explica que, en julio de 2020, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió prohibir la importanción directa e indirecta de diamantes en bruto de Sierra Leona sin la certificación correspondiente expedida por el Gobierno a razón del papel que jugó el contrabando de este producto en el estallido de la guerra civil en Sierra Leona, y se añade: "Aunque la situación de violencia en Sierra Leona era de dominio público, empresas como Orfund y Cindam apoyaron deliberadamente el tráfico de diamantes".

"Mientras que las exportaciones oficiales de diamantes de Liberia fueron interrumpidas por las sanciones de la ONU en 2001, se informó que al año 2002 permanecían en el país tres exportadores de diamantes: MARS Diamonds, Empire Diamond Company y DiAndorra Minerals", se prosigue detallando en la nota del magistrado, donde se explicita que esta última empresa, subsidiaria de Orfund, estaba "involucrada en el envío de diamantes extraídos en Sierra Leona a través de Cindam". Para ello, se usaba a muchos civiles que "fueron capturados" o "tomados como prisioneros" para trabajar en las minas de diamantes.

Uno de ellos fue Alah Ngekia, que relató que "fue obligado a trabajar día y noche junto con otros 300 civiles en condiciones inhumanas de vida en las minas de Tombodu para extraer los diamantes". Además, explicó que presenció "cómo tres de sus amigos murieron en las minas durante ese periodo, uno de ellos asesinado porque pensaron que quería escapar mientras que otros dos murieron de agotamiento por el trabajo esclavo". Ngekia añadió que "también fue obligado a trabajar en la tarea de derribar un puente para facilitar el trabajo en las minas".

Por estos hechos, el juez Abascal ha citado para el próximo 7 de febrero al querellante para que ratifique lo denunciado, y ha llamado también a declarar en primer término a cuatro testigos -Luis Bielsa Carrión, Joan Aamarra Naudi, Ramon Terrén Parcerisa y Josep Lluis Buch Solé- "a efectos de valorar la procedencia de la continuación de la instrucción". Todo después de que este mismo magistrado rechazara en 2020 una querella anterior al no haber sido presentada por ninguno de los afectados directamente.

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