La jornada política ha estado marcada por una intensidad creciente alrededor de Isabel Díaz Ayuso y las acusaciones dirigidas hacia su pareja por supuesto fraude fiscal. La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado en defender a su pareja, asegurando que este enfrenta una "inspección fiscal salvaje" por parte de Hacienda, que según ella, lejos de deber, es a quien el Estado debe casi 600.000 euros. Ayuso ha categorizado las acusaciones como un ataque directo hacia su persona, alegando que no existe fraude alguno.

Sin embargo, la realidad parece ser más compleja de lo que Ayuso presenta. Según fuentes consultadas por laSexta, la situación fiscal de su pareja va más allá de una mera inspección tributaria. De hecho, tras un análisis preliminar por parte de la Agencia Tributaria, que apuntaba a la existencia de fraude, el caso fue elevado a la Fiscalía, la cual identificó tres delitos fiscales y posteriormente lo derivó al ámbito judicial. Elementos como facturas falsas han emergido en el transcurso de la investigación, lo que arroja sombras sobre la versión proporcionada por Ayuso, evidenciando que el desacuerdo no es tan simple como una disputa tributaria.

El debate se intensifica con la afirmación de Ayuso sobre la imposibilidad de su pareja de defenderse adecuadamente ante las acusaciones. Sin embargo, esta declaración choca con la realidad procedimental de la Agencia Tributaria, que ofrece a todos los ciudadanos la oportunidad de presentar su defensa. La falta de documentación o explicaciones claras sobre la afirmación de que es Hacienda quien debe dinero a su pareja.

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